El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo, Jacobo Bucaram, fueron sentenciados a nueve años y cuatro meses de prisión como colaboradores del delito de delincuencia organizada, dentro del denominado caso Pruebas Covid-19.
La decisión fue anunciada por la Fiscalía General del Estado este 9 de septiembre de 2026, después de varios intentos fallidos para instalar la audiencia de sentencia.
El proceso judicial se originó en las investigaciones realizadas durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, en 2020.
Según la Fiscalía, Bucaram Ortiz, su hijo y otros involucrados habrían colaborado con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización irregular de 21.000 pruebas rápidas para detectar el virus, además de otros insumos médicos.
La investigación también estableció que pruebas y suministros médicos fueron trasladados hasta la vivienda del expresidente en Guayaquil.
Durante un allanamiento realizado el 3 de junio de 2020, las autoridades encontraron pruebas rápidas, mascarillas y otros materiales relacionados con la emergencia sanitaria.
La sentencia se conoció después de seis intentos fallidos de instalar la audiencia. Bucaram, de 74 años, permanecía internado en una clínica de Guayaquil desde inicios de septiembre debido a un problema cardíaco. Su estado de salud había impedido que se desarrollara la diligencia judicial.
Ante esta situación, el Tribunal había dispuesto una orden de aprehensión contra el exmandatario una vez que abandonara la casa de salud, con el objetivo de garantizar su comparecencia.
Su esposa, María Rosa Pulley, presentó además un recurso de hábeas corpus para intentar evitar que Bucaram fuera trasladado por la fuerza. Sin embargo, el recurso fue negado y la orden de aprehensión se mantuvo vigente.
Finalmente, Bucaram decidió solicitar el alta médica y acudió a la audiencia para escuchar la resolución. Horas antes, el expresidente había publicado un mensaje en redes sociales en el que anticipó que sería declarado culpable y afirmó que la sentencia le permitiría defenderse y exponer su versión sobre el proceso.
Además de Abdalá y Jacobo Bucaram, el Tribunal sentenció a Leandro B. y Sheinman O. Los dos últimos recibieron una pena de 13 años y cuatro meses de prisión, al ser considerados autores directos del delito de delincuencia organizada.
El juicio comenzó el 11 de abril de 2025, aunque la investigación se había iniciado años antes. Durante el proceso declararon alrededor de 50 personas, entre peritos y testigos. Con la resolución del 9 de septiembre de 2026, el caso llegó a una sentencia después de seis años de investigaciones.