El pasaje del transporte público en Quito subiría de USD 0,35 a USD 0,40 desde el 1 de enero de 2027, de acuerdo con el texto final del proyecto de ordenanza metropolitana que se trató en el segundo debate en el Concejo Metropolitano.
La propuesta plantea modificar el régimen tarifario del Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros y establecer una tarifa plana de USD 0,40 para el transporte convencional intracantonal urbano y el Subsistema Metrobús-Q.
¿Cuándo comenzará a cobrarse la nueva tarifa?
El documento establece expresamente que el nuevo valor entrará en vigencia el 1 de enero de 2027. Hasta esa fecha continuará aplicándose el pasaje vigente de USD 0,35.
Esto significa que, si la ordenanza es aprobada y sancionada, los usuarios no pagarían USD 0,40 durante lo que resta de 2026.
La propuesta también contempla una tarifa de USD 0,45 para los buses eléctricos u otras tecnologías de baja emisión, siempre que sean previamente calificadas por la Secretaría de Movilidad mediante un informe técnico.
¿Qué pasará con el transporte rural y combinado?
Para el transporte convencional intracantonal combinado y rural también se plantea una tarifa base de USD 0,40. El valor podrá incrementarse de acuerdo con la distancia recorrida y los tramos establecidos.
En los recorridos que comiencen en el área rural se establecerá un tramo inicial con una tarifa base de USD 0,40. Cuando el recorrido ingrese al área urbana, se aplicará la tarifa plana para los usuarios que embarquen y desembarquen dentro de ese perímetro.
Tarifas preferenciales se mantienen
El proyecto señala que a las tarifas plana y variable se aplicarán las tarifas preferenciales establecidas en la normativa vigente, entre ellas las correspondientes a grupos que tienen este beneficio legal.
Además, la propuesta plantea que los usuarios que accedan a una tarifa preferencial deberán acreditar su condición y estar registrados en el Sistema Integrado de Recaudo (SIR).
Municipio plantea compensación para 2026
También contempla un mecanismo económico temporal para los propietarios de vehículos habilitados para prestar el servicio de transporte público intracantonal, en las modalidades urbana, combinada y rural.
Esta asignación de recursos no reembolsables estaría vigente desde la sanción de la ordenanza hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de contribuir a la continuidad, calidad y sostenibilidad del servicio.
El mecanismo estaría condicionado al cumplimiento de requisitos y se asignaría individualmente a los propietarios de las unidades habilitadas, de acuerdo con la flota operativa y las rutas correspondientes.
Nuevas obligaciones para los operadores
La propuesta también establece obligaciones relacionadas con la modernización y control del transporte público. Los operadores deberán implementar sistemas como el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) y el Sistema de Información al Usuario (SIU) hasta el 31 de diciembre de 2026.
Además, el proyecto incorpora mecanismos para fortalecer el Sistema Integrado de Recaudo y establece que el incumplimiento de determinadas obligaciones puede generar sanciones administrativas.