La decisión sobre el aumento del pasaje de bus en Quito tendrá que esperar unas horas más. Con la presencia de 18 ediles, el Concejo Metropolitano inició este martes 8 de septiembre el segundo debate del proyecto de ordenanza que propone incrementar la tarifa del transporte público convencional.
La propuesta contempla que el pasaje pase de USD 0,35 a USD 0,40 y establece una compensación de USD 23 millones para los transportistas.
Sin embargo, el proyecto encontró cuestionamientos tanto entre integrantes del Concejo como entre ciudadanos acreditados para participar en la sesión.
Después de aproximadamente dos horas y media de debate, la sesión fue suspendida por disposición del alcalde y se estableció que será retomada a las 14:30.
Concejales cuestionan el aumento del pasaje a USD 0,40
Durante el segundo debate, concejales como Michael Aulestia, Bernardo Abad y Andrés Campaña expresaron cuestionamientos a la propuesta.
También participaron personas acreditadas para intervenir mediante la figura de la silla vacía, entre ellas usuarios, transportistas, estudiantes y académicos.
Parte de las intervenciones apuntaron a la necesidad de reconsiderar e incluso archivar el proyecto.
Uno de los principales cuestionamientos fue que el incremento de la tarifa no estaría justificado si la calidad del servicio de transporte público no ha mejorado.
Otro de los acreditados sostuvo que el sistema debe garantizar seguridad y accesibilidad para todos los usuarios y cuestionó que no existan mayores mecanismos tecnológicos.
Campaña: “Es una metida de mano al bolsillo de los ciudadanos”
Uno de los cuestionamientos más fuertes llegó del concejal Andrés Campaña, quien rechazó el impacto que podría generar la modificación de la tarifa.
“Es una metida de mano al bolsillo de los ciudadanos”, afirmó.
Campaña sostuvo que las consecuencias económicas serían especialmente importantes para los usuarios que viven en las periferias de Quito.
Para explicar su posición puso como ejemplo dos recorridos.
Según señaló, en la ruta Marín-Píntag, el pasaje podría pasar de USD 0,90 a USD 1,10.
Mientras tanto, en la ruta Carapungo-Quitumbe, la tarifa subiría de USD 1,10 a USD 1,40.
Cuestionamientos por la tarifa preferencial para personas con discapacidad
Durante su intervención, Campaña también calificó como “imperdonable” que se pretenda excluir de la tarifa preferencial a las personas con discapacidad.
El concejal advirtió que, en caso de aprobarse la ordenanza, presentará una demanda ante la Corte Constitucional.
Ante esa advertencia, Muñoz lo emplazó a que lo haga para la Ley de Discapacidades.
La discusión sobre las tarifas preferenciales se convirtió así en otro de los puntos de controversia durante el segundo debate del proyecto.
Muñoz defiende que el cambio debe venir acompañado de mejoras
Frente a los cuestionamientos, Muñoz sostuvo que la modificación de la tarifa no tiene como único objetivo entregar una compensación económica a los transportistas.
Según explicó, la propuesta también busca establecer exigencias para mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios.
Para conseguirlo, los transportistas deberán adquirir sistemas tecnológicos que permitan al Municipio verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Ordenanza 017.
Entre estas herramientas se encuentra el Sistema de Ayuda a la Explotación.
Este mecanismo permitiría controlar elementos de la operación del transporte público como los horarios, los recorridos y la utilización de las paradas autorizadas.
¿De dónde saldrán los USD 23 millones para los transportistas?
Otro de los puntos centrales del debate fue precisamente el origen de los recursos destinados a financiar la compensación de USD 23 millones para los transportistas.
El concejal Michael Aulestia preguntó al secretario de Movilidad, Alex Pérez, de dónde saldrán esos recursos y cuáles serán los mecanismos utilizados para distribuirlos.
Pérez explicó que, dentro de la propuesta que se encuentra en análisis, entregar esta compensación no significaría dejar de ejecutar ninguna obra.
El secretario señaló que, debido a problemas registrados en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el proceso correspondiente a la solución vial Rumihurco fue dado de baja.
Según Pérez, esos recursos serán trasladados a la Secretaría de Movilidad.
La previsión es que posteriormente sean utilizados para entregar la compensación a los transportistas, aunque estos deberán cumplir determinados requisitos para acceder a los recursos.
Bernardo Abad anuncia que votará en contra
El concejal Bernardo Abad adelantó durante su intervención cuál será su posición cuando llegue el momento de votar el proyecto.
Abad anunció que votará en contra de la ordenanza.
Como argumento, afirmó que desde el incremento de la tarifa realizado en 2021 no se ha cumplido ningún parámetro de calidad.
La calidad del servicio se convirtió precisamente en uno de los ejes que atravesó las intervenciones de concejales y ciudadanos durante las primeras horas de discusión.
Mientras desde la propuesta se plantea vincular la nueva tarifa con mayores controles y exigencias tecnológicas, los críticos cuestionan que los usuarios deban asumir un incremento cuando consideran que las mejoras anteriores no se han concretado.
Se necesitan 12 votos para aprobar el aumento del pasaje
La decisión todavía no está tomada.
Para que el proyecto de ordenanza sea aprobado por el Concejo Metropolitano de Quito, se necesitan 12 votos favorables.
La sesión comenzó con la presencia de 18 ediles, pero después de dos horas y media de intervenciones y cuestionamientos fue suspendida.
Por disposición del alcalde, el segundo debate se retomará a las 14:30 de este 8 de septiembre.
Será entonces cuando continúe la discusión sobre una propuesta que tiene dos componentes centrales: elevar de USD 0,35 a USD 0,40 el pasaje del transporte público convencional y establecer una compensación de USD 23 millones para los transportistas.
La discusión también mantiene sobre la mesa los reclamos por la calidad del servicio, las tarifas en las periferias, la situación de las personas con discapacidad, la incorporación de herramientas tecnológicas y el origen de los recursos destinados a la compensación.