13 noviembre 2026
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“Tenía un mal”: Madre e hija desmembraron a recién nacido tras creencia religiosa en El Salvador

La investigación estableció que el bebé había nacido con vida.


El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a tres integrantes de una familia por el asesinato de un recién nacido ocurrido en julio de 2025. Dos de las procesadas recibieron penas de 45 años de prisión, mientras que un tercer implicado fue sentenciado a 35 años. Un pastor también fue condenado por no informar a las autoridades sobre el crimen.

¿Cómo ocurrió el caso?

El caso ocurrió el 3 de julio de 2025 en una vivienda del municipio de San Salvador Este, El Salvador.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que Maritza Y. M. P, entonces de 19 años, dio a luz en su vivienda sin asistencia médica. De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, posteriormente habría actuado junto con su madre, Marta A. P. C, para ocultar el cuerpo del recién nacido.

Una prueba forense confirmó que el bebé respiró

La médica que intervino en el caso explicó que los órganos del recién nacido fueron sometidos a una prueba conocida como docimasia pulmonar. Los pulmones flotaron al ser colocados en la solución utilizada para el examen, un resultado que, según la pericia presentada ante el tribunal, permitió establecer que el bebé había respirado.

Personal forense de la Fiscalía de Guanajuato analiza los restos hallados durante el cateo en un inmueble de Irapuato, donde fueron localizados 16 cuerpos sin vida en distintos estados de descomposición.

Este elemento fue considerado relevante para determinar que el recién nacido estaba vivo después del parto.

Durante el juicio, Maritza sostuvo que no recordaba lo ocurrido después de cortar el cordón umbilical. Sin embargo, la jueza cuestionó esa versión debido a contradicciones entre sus declaraciones y los primeros testimonios proporcionados ante agentes policiales y personal médico.

La frase que apareció en la investigación

A través de la extracción y revisión de información de los dispositivos, la Fiscalía estableció que Maritza se comunicó con su hermano, Misael A. G. P, de 25 años, para pedirle que llevara gasolina hasta la vivienda.

Según la investigación, la solicitud estuvo acompañada de la expresión “quemar el mal”, una frase relacionada con las creencias que estaban presentes en el entorno familiar.

Posteriormente, los restos del recién nacido fueron parcialmente incinerados y Misael habría participado en su ocultamiento, al enterrarlos cerca de la vivienda.

La investigación también encontró antecedentes de reuniones religiosas en las que familiares habían pedido oraciones porque consideraban que Maritza “tenía un mal”.

Un pastor acudió a la vivienda y no avisó a las autoridades

El expediente también involucró a un pastor identificado como Arturo A. J.

De acuerdo con las pruebas presentadas durante el proceso, Marta se comunicó con el religioso después de ocurrido el crimen y le pidió que acudiera a la vivienda para realizar una oración.

El pastor llegó acompañado por otros feligreses y, según la investigación, pudo observar lo ocurrido. En lugar de informar a las autoridades, habría señalado que se había cometido un “pecado” y posteriormente abandonó el lugar.

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(Foto: Pexels)

El Tribunal Quinto de Sentencia consideró que incurrió en el delito de omisión del deber de poner en conocimiento determinados delitos.

Por esta conducta recibió una condena de un año de prisión. Sin embargo, la pena será sustituida por trabajos de utilidad pública.

Estas son las condenas por el crimen

Las dos mujeres fueron condenadas a 45 años de cárcel cada una, mientras que Misael A. G. P. recibió una pena de 35 años por su participación como coautor del homicidio agravado.

El fallo pone fin a la etapa de juzgamiento de uno de los casos que generó mayor conmoción en San Martín por las circunstancias en las que ocurrió la muerte del recién nacido.

La resolución judicial se sustentó en los testimonios, peritajes forenses, análisis de información telefónica y demás elementos de prueba presentados por la Fiscalía durante la vista pública.


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