La forma de pagar determinadas operaciones relacionadas con casas, departamentos y terrenos cambia en Ecuador. Una nueva disposición establece un límite a partir del cual ya no se podrá utilizar dinero en efectivo.
La Dirección Nacional de Registros Públicos determinó que cuando el pago sea de USD 10.000 o más, este tendrá que realizarse obligatoriamente por medio de una institución financiera.
El objetivo de la resolución es reforzar los mecanismos para prevenir el lavado de activos y dificultar que las operaciones con bienes sean utilizadas para ocultar o legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas.
¿Desde qué monto está prohibido pagar en efectivo?
La cifra que los usuarios deberán tener presente es USD 10.000.
Cuando una operación alcance o supere ese valor, el pago tendrá que pasar por una institución financiera. Por lo tanto, el efectivo deja de ser una opción para concretar estas transacciones.
La restricción no termina allí. La resolución también impide que metales o piedras preciosas sean utilizados como medio de pago en las operaciones sujetas a esta obligación.
¿Qué pasa con los pagos menores a USD 10.000?
Para cantidades inferiores existe una regla diferente.
Cuando el pago no alcance los USD 10.000, el usuario no estará obligado a realizarlo mediante una institución financiera.
Sin embargo, deberá cumplir con otro requisito: declarar el origen de los fondos empleados en la operación.
De esta manera, la resolución mantiene controles sobre la procedencia del dinero incluso cuando el monto se encuentra por debajo del límite establecido para la bancarización obligatoria.
La disposición también incluye hipotecas y donaciones
La medida no se limita exclusivamente a quien compra una casa, departamento o terreno.
Además de las compraventas de inmuebles, la resolución alcanza operaciones como hipotecas, donaciones y liquidaciones de sociedades conyugales, entre otras.
Esto amplía el alcance de los controles a diferentes actos vinculados con bienes y movimientos patrimoniales.
¿Qué papel tendrán los registradores?
La resolución también establece una responsabilidad para los registradores de la Propiedad y Mercantiles.
Estos funcionarios deberán reportar las transacciones correspondientes a través de una plataforma que será habilitada por la Dirección Nacional de Registros Públicos.
El mecanismo permitirá incorporar estas operaciones al sistema de control previsto por la nueva disposición.
La medida busca reforzar los controles contra el lavado de activos
Detrás de las nuevas reglas está el objetivo de impedir que las operaciones relacionadas con bienes sean aprovechadas para introducir, ocultar o legalizar dinero de origen ilícito.
Para los ciudadanos, la principal diferencia estará determinada por el valor de la operación: desde USD 10.000, el pago deberá pasar obligatoriamente por una institución financiera y no podrá realizarse en efectivo.
Si el monto es menor, no habrá obligación de bancarizarlo, aunque seguirá siendo necesario declarar de dónde provienen los fondos.