José Serrano, de 55 años, fue una de las figuras más importantes del aparato de seguridad durante el gobierno de Rafael Correa. Ocupó el Ministerio del Interior entre mayo de 2011 y noviembre de 2016 y posteriormente llegó a la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Su carrera política, sin embargo, también estuvo acompañada por cuestionamientos y acusaciones que, en distintos momentos, fueron llevados ante organismos judiciales o legislativos.
El caso del secuestro de Fernando Balda
Según la investigación publicada por La Fuente, Periodismo de Investigación, uno de los procesos judiciales de mayor relevancia en los que aparece el nombre de José Serrano es el relacionado con el secuestro del político opositor Fernando Balda, ocurrido en Bogotá, Colombia, en 2012.
La investigación determinó que Balda fue víctima de un intento de secuestro ejecutado en territorio colombiano. El caso involucró a antiguos funcionarios de inteligencia ecuatorianos y terminó alcanzando a altos cargos del gobierno de Rafael Correa.
Serrano fue señalado dentro de este caso por su presunta participación en la operación. El proceso también involucró al expresidente Correa, quien fue condenado en Ecuador por el caso y permanece fuera del país.
Los señalamientos por presuntos vínculos con narcotráfico
Otro de los capítulos que aparecen en el historial de cuestionamientos contra Serrano está relacionado con denuncias sobre supuestos vínculos con estructuras del narcotráfico.
Según el recuento publicado por La Fuente, Periodismo de Investigación, el abogado Luigi García acusó públicamente a Serrano de haberle solicitado que asumiera la defensa de Leandro Norero, alias “Gerald”, señalado en ese momento como uno de los principales narcotraficantes ecuatorianos.
García también afirmó que, después de denunciar públicamente el supuesto vínculo, habría existido un intento para atentar contra su vida.
El caso de David Romo
El nombre de Serrano también apareció en las investigaciones relacionadas con la desaparición de David Romo, un joven desaparecido en Quito en 2013.
La madre de Romo, Alexandra Córdova, mantuvo durante años una búsqueda para esclarecer qué ocurrió con su hijo.
De acuerdo con lo recogido por La Fuente, el abogado Juan Pablo Albán sostuvo que Serrano habría manifestado a Córdova que conocía información según la cual policías estarían involucrados en la desaparición de Romo.
La Asamblea Nacional también solicitó la comparecencia de Serrano y del entonces fiscal general Galo Chiriboga en relación con investigaciones sobre un presunto ocultamiento de información estadística.
Los contratos para equipamiento policial
Durante su etapa al frente del Ministerio del Interior también surgieron cuestionamientos relacionados con la administración de recursos destinados a la Policía Nacional.
El 13 de marzo de 2014 Serrano emitió el Acuerdo Ministerial N.° 4042, mediante el cual se establecieron mecanismos para la contratación de bienes destinados a la institución policial.
La publicación sostiene que, mediante contratos de emergencia, se manejaron más de USD 330 millones para adquisiciones relacionadas con la Policía, entre ellas patrulleros, caballos, chalecos y otros equipos.
El cheque de USD 230.000 y el caso Isspol
En noviembre de 2021, el entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, presentó públicamente un cheque por USD 230.000 relacionado con María Paula Christiansen, quien había sido pareja sentimental de Serrano.
El documento llevaba la firma de Jorge Chérrez, empresario investigado por el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
Según el relato recogido por La Fuente, Villavicencio mostró el cheque a Serrano durante una sesión de la Comisión de Fiscalización y el exministro reconoció que el pago había sido realizado a Christiansen, atribuyéndolo a un supuesto contrato relacionado con un establecimiento denominado SPA Store UIO.
El caso generó cuestionamientos políticos debido a que Chérrez estaba señalado por operaciones vinculadas al millonario perjuicio ocasionado al Isspol.
El asesinato de Fernando Villavicencio
A los casos que han marcado su trayectoria se suma actualmente el proceso relacionado con el asesinato de Fernando Villavicencio.
Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, cuando salía de un mitin político en Quito. La Fiscalía ecuatoriana posteriormente vinculó a Serrano con la investigación y lo acusa como presunto autor mediato del crimen.
El caso adquirió una nueva dimensión después de que Serrano permaneciera detenido en Estados Unidos por asuntos migratorios y posteriormente fuera enviado a Ecuador.
Tras su llegada al país, el exministro fue trasladado bajo custodia hacia la cárcel El Encuentro, en Santa Elena, donde deberá permanecer mientras se desarrolla el proceso correspondiente.