La Asamblea Nacional aprobó este martes 25 de agosto de 2026 el Proyecto de Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, una normativa que busca establecer las reglas para que los militares puedan intervenir en tareas de seguridad interna cuando las capacidades de la Policía resulten insuficientes.
La iniciativa recibió 83 votos a favor, 63 en contra y tres abstenciones durante la sesión del Pleno. Con esta decisión, el Legislativo desarrolla el marco legal derivado de la reforma al artículo 158 de la Constitución aprobada en el referéndum de 2024.
¿Por qué se aprobó esta ley?
Durante la exposición de la propuesta, la asambleísta Inés Alarcón defendió que Ecuador necesita herramientas permanentes para enfrentar amenazas que continúan incluso cuando terminan las medidas extraordinarias.
“El Ecuador hoy necesita una respuesta permanente y constitucional frente a las amenazas que no desaparecen, simplemente porque termina un estado de excepción. El crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, de extorsión, el terrorismo, la minería ilegal, no son fenómenos que puedan enfrentarse únicamente mediante medidas extraordinarias. El Estado necesita también herramientas dentro de un régimen ordinario”, agregó.
La argumentación parte de una realidad: los estados de excepción son medidas extraordinarias y temporales, mientras que determinadas amenazas de seguridad tienen una presencia prolongada en el territorio nacional.
Por ello, la nueva normativa busca establecer un procedimiento para que el apoyo militar pueda activarse dentro del régimen constitucional ordinario, con condiciones y controles específicos.
¿Qué cambia con la nueva ley?
La aprobación no significa que las Fuerzas Armadas asumirán de manera permanente las funciones de la Policía Nacional.
El proyecto establece que la intervención militar tendrá un carácter complementario y subsidiario. Es decir, las Fuerzas Armadas podrán apoyar a la Policía cuando esta institución no tenga la capacidad suficiente para enfrentar determinadas situaciones de inseguridad.
La Policía continuará siendo la institución encargada de la seguridad interna, mientras que las Fuerzas Armadas podrán intervenir como apoyo cuando se cumplan las condiciones establecidas en la normativa.
La intervención tendrá límites de tiempo
Según el proyecto aprobado, la intervención podrá extenderse por hasta 180 días, con la posibilidad de una renovación adicional de 30 días.
Además, las operaciones deberán sujetarse a principios de excepcionalidad, proporcionalidad, fiscalización y respeto de los derechos humanos.
Esto busca establecer límites para evitar que el apoyo de las Fuerzas Armadas se convierta en una intervención indefinida en tareas que corresponden a la Policía.