Ecuador modifica las reglas que regulan el Registro de Datos Crediticios y los burós de crédito. La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) expidió el 20 de agosto de 2026 la Resolución JPRFM-2026-033-F, que establece cambios sobre la conservación de información, el periodo que abarcarán los reportes y las fuentes que podrán aportar datos para evaluar el riesgo crediticio.
Para los usuarios hay dos plazos que deben diferenciarse: la información de riesgo crediticio podrá alcanzar una antigüedad máxima de cuatro años, pero los reportes harán referencia únicamente a los dos últimos años.
La resolución también establece información complementaria, como pagos de servicios básicos y tributos, y abre la posibilidad de incorporar otras fuentes bajo requisitos específicos de legalidad y protección de datos.
Conservará el historial de deudas por cuatro años
Uno de los puntos principales está relacionado con el tiempo durante el cual permanecerá la información.
El nuevo artículo 14 determina que la información de riesgo crediticio no podrá tener una antigüedad superior a cuatro años, contados a partir de la última fecha de vigencia de la operación de crédito.
El artículo 16 también establece que la información contenida en el Registro de Datos Crediticios deberá mantenerse durante cuatro años.
Una vez cumplido ese periodo, podrá ser eliminada de la base de datos en línea. Sin embargo, si se considera necesario, podrá conservarse en otros medios.
¿Cuánto tiempo permanecerá una deuda en el buró de crédito?
La resolución establece un punto específico desde el cual deben contabilizarse esos cuatro años.
El plazo comienza desde la fecha en que la operación de crédito fue legalmente extinguida, mediante uno de los modos de extinción de las obligaciones establecidos en la ley.
Esto es importante porque la norma no fija el inicio del periodo simplemente desde el momento en que se adquirió una deuda, sino desde la última fecha de vigencia de la operación crediticia.
Reportes mostrarán información de los últimos dos años
Aunque los registros puedan alcanzar una antigüedad máxima de cuatro años, eso no significa que todo ese periodo aparecerá en un reporte crediticio.
La resolución determina que los reportes harán referencia únicamente a las operaciones vigentes, vencidas o canceladas de los dos últimos años anteriores a su fecha de expedición.
El artículo 17 establece igualmente que, sin perjuicio de que existan registros con hasta cuatro años de antigüedad, los reportes generados por los burós de información crediticia y por el Registro de Datos Crediticios se limitarán a los dos últimos años.
Por lo tanto, existen dos periodos distintos que el usuario debe tener presentes: hasta cuatro años para la información registrada y dos años para lo que reflejarán los reportes.
Podrán utilizarse otras fuentes de información
La resolución también modifica las reglas sobre el origen de los datos utilizados para evaluar el riesgo crediticio.
Son fuentes obligatorias las entidades de los sectores financiero público, privado y popular y solidario, así como las entidades participantes en el mercado de valores, el sector comercial, las compañías de seguros y reaseguros y el sector de telecomunicaciones.
También existirán fuentes complementarias que podrán aportar información para apoyar el análisis de crédito.
Entre los ejemplos contemplados están el pago de servicios básicos y el pago de tributos, siempre que los datos sean de naturaleza crediticia y estén relacionados con el comportamiento de pago, cumplimiento de obligaciones o capacidad de endeudamiento del titular.
¿Se podrán incorporar todavía más fuentes?
Sí. El nuevo artículo 7.1 permite que el Servicio de Registros de Datos Crediticios reciba información procedente de otras fuentes que no estén expresamente previstas en la normativa.
No obstante, esto estará sujeto a condiciones.
La información deberá contribuir de forma objetiva y verificable al análisis del riesgo crediticio y de la capacidad de endeudamiento.
Además, deberá obtenerse y tratarse mediante una habilitación legal expresa o una base jurídica válida y respetando las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
También tendrá que cumplir con los principios de finalidad específica, proporcionalidad, minimización de datos, veracidad y seguridad de la información.
Hay datos que quedan fuera
La apertura a nuevas fuentes no significa que cualquier información personal pueda ser utilizada.
La resolución determina que no podrán incorporarse datos personales sensibles, información sometida a reserva legal ni datos protegidos por regímenes especiales.
Las nuevas fuentes tampoco podrán producir efectos discriminatorios, excluyentes o contrarios a los derechos constitucionales.
Además, su incorporación requerirá una resolución motivada de la JPRFM, previo análisis técnico y jurídico y de los potenciales efectos sobre los derechos de los titulares.
La inclusión de una fuente tampoco crea automáticamente una obligación para que una institución pública o privada entregue información, no levanta reservas legales ni permite acceder de manera automática a bases de datos protegidas.
Los burós podrán celebrar acuerdos para obtener información
Las entidades autorizadas para prestar servicios de referencias crediticias podrán establecer acuerdos con instituciones donde se registren obligaciones de pago.
La finalidad será obtener información para analizar el riesgo crediticio, pero los datos deberán conseguirse de forma lícita, contar con una base jurídica válida y tratarse conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
Estos acuerdos no habilitarán el acceso a datos sensibles ni a información sometida a reserva legal y tampoco generarán una obligación de entregar información.
Las dudas que surjan sobre la aplicación de estas disposiciones serán resueltas por la Superintendencia de Bancos.
¿Cómo se entregará la información crediticia?
Las fuentes pertenecientes al sistema financiero nacional deberán entregar a la Superintendencia de Bancos la información relacionada con el riesgo crediticio, utilizando el formato y la periodicidad determinados por esta autoridad.
Posteriormente, la Superintendencia proporcionará los datos a las personas jurídicas autorizadas para prestar el servicio de referencias crediticias.
Las fuentes de los demás sectores deberán reportar directamente la información de riesgo crediticio a las entidades autorizadas y calificadas para prestar este servicio y a la Superintendencia de Bancos.
Esto se realizará sin perjuicio de las obligaciones correspondientes ante las superintendencias de Economía Popular y Solidaria y de Compañías, Valores y Seguros.
¿Cuándo se aplicarán los cambios?
La resolución fija distintos plazos para que las instituciones realicen las acciones necesarias para implementar las disposiciones.
La Superintendencia de Bancos tendrá un máximo de 18 meses.
Durante ese periodo deberá coordinar, dentro de las competencias legalmente atribuidas a cada institución, con el Ministerio de Infraestructura y Tecnología o quien haga sus veces, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y las empresas proveedoras de servicios básicos.
Esta coordinación, sin embargo, no obliga por sí misma a proporcionar información ni autoriza el acceso, tratamiento o transferencia de datos sometidos a reserva legal, incluida la información tributaria individualizada.
También deberán respetarse las disposiciones sobre confidencialidad, protección de datos personales y competencias institucionales.
Por su parte, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tendrá un máximo de 12 meses para ejecutar las acciones necesarias.
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dispondrá de hasta 18 meses para realizar las adecuaciones normativas, operativas y tecnológicas.
Hasta que estas últimas adecuaciones estén implementadas, la información continuará remitiéndose con la periodicidad y mediante los procedimientos de reporte aplicables a la fecha en que se expidió la resolución.
Puntaje
El score crediticio es una calificación que va de 0 a 999 puntos y permite estimar qué tan probable es que una persona cumpla puntualmente con sus obligaciones financieras. Este indicador se construye a partir de su comportamiento de pago y puede influir en el acceso a financiamiento y a mejores condiciones de crédito.
De acuerdo con el puntaje obtenido, los clientes pueden ubicarse en los siguientes rangos:
- Puntaje alto (689 a 999): corresponde a quienes han registrado pocos o ningún atraso durante los últimos 36 meses. Una calificación elevada puede facilitar el acceso a créditos en mejores condiciones.
- Puntaje medio (377 a 689): agrupa a clientes que han presentado algunos retrasos en sus pagos durante los últimos 36 meses.
- Puntaje bajo (1 a 377): corresponde a quienes acumulan atrasos reiterados en ese mismo periodo, situación que puede dificultar la aprobación de nuevos financiamientos.
- Nuevos clientes: son personas que todavía no cuentan con una calificación debido a su reciente incorporación al sistema financiero formal.
En términos generales, cumplir puntualmente con los pagos ayuda a mantener un score cercano a los 999 puntos, mientras que los atrasos pueden reducir la calificación y afectar el historial crediticio.