Un operativo de control en las calles de Quito terminó con un hallazgo que inicialmente no tenía relación con la actividad que investigaban las autoridades. Lo que comenzó como una intervención a comerciantes no regularizados de fruta permitió localizar un inmueble en Iñaquito, norte de Quito, donde presuntamente funcionaba un “call center” dedicado a la extorsión.
Dentro del lugar había más de 30 personas trabajando en cubículos, además de computadoras portátiles, teléfonos celulares, chips de distintas operadoras y otros dispositivos tecnológicos.
En los equipos también se encontraron archivos de Excel con datos personales y registros que habrían sido utilizados para contactar a presuntas víctimas mediante chats de aplicaciones móviles.
Pero, ¿cómo llegaron las autoridades hasta este lugar y qué se conoce sobre su presunto funcionamiento?
Un control a vendedores de cocos dio la primera pista
La intervención se realizó el viernes 21 de agosto y estuvo enfocada inicialmente en la recuperación del espacio público y el control a comerciantes no regularizados de fruta.
El procedimiento fue coordinado entre la Policía Nacional (Zona 9) y la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, con la colaboración de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).
Mientras el Municipio realizaba sus labores habituales de inspección, la Policía verificó los antecedentes y la identidad de los vendedores.
Fue entonces cuando el operativo tomó otro rumbo.
Tras revisar sus teléfonos celulares, según la información proporcionada, las autoridades determinaron que los comerciantes realizaban actividades ajenas a la venta de cocos.
Los datos obtenidos en el lugar permitieron posteriormente a los uniformados identificar un inmueble ubicado en Iñaquito.
Más de 30 personas, computadoras y celulares dentro del inmueble
Al realizar la inspección del lugar, las autoridades encontraron un espacio equipado con cubículos y dispositivos tecnológicos, en el que estaban trabajando más de 30 personas.
Había computadoras portátiles, celulares y chips correspondientes a diferentes operadoras.
Los equipos informáticos aportaron otro elemento importante para la investigación.
En ellos se encontraron archivos de Excel que contenían datos personales y registros utilizados para establecer contacto con presuntas víctimas.
Según la información recabada durante el procedimiento, las comunicaciones se realizaban a través de chats en aplicaciones móviles.
¿Cómo habría operado el presunto “call center” de extorsiones?
Los registros encontrados permiten conocer algunos elementos del supuesto mecanismo, aunque serán las investigaciones posteriores las que deberán determinar exactamente cómo funcionaba.
En las conversaciones localizadas por las autoridades aparecían referencias a pagos, deudas y solicitudes de dinero.
Los datos almacenados en los equipos, por su parte, habrían sido utilizados para contactar a ciudadanos de diversas nacionalidades considerados como presuntas víctimas.
Por ahora, la información disponible no establece cómo se obtenían esos datos personales, cuántas personas fueron contactadas, qué cantidades de dinero habrían sido solicitadas o si efectivamente se concretaron pagos.
Precisamente estas son algunas de las interrogantes que deberán resolver las investigaciones.
¿De dónde obtenían los datos personales?
Esta es una de las principales preguntas que deja el hallazgo.
Que existieran archivos con información personal dentro de las computadoras no permite determinar, por sí solo, de dónde provenían esos datos ni cómo llegaron hasta quienes operaban en el inmueble.
Será el análisis de los dispositivos y la documentación encontrada el que permita establecer la procedencia de esa información y el uso que se le habría dado.
También deberá determinarse cuál era la función de los teléfonos y de los chips de distintas operadoras encontrados durante la inspección.
¿Qué pasará con las más de 30 personas encontradas?
La información proporcionada señala que había más de 30 personas trabajando en el inmueble, pero no establece responsabilidades individuales para todas ellas.
Por ello, no se puede atribuir automáticamente una actividad delictiva a cada una de las personas encontradas en el lugar.
Las autoridades competentes deberán determinar qué operaciones se realizaban, cuál era la función de quienes estaban allí y si existen responsabilidades.
De igual manera, tendrán que establecer la procedencia de los equipos tecnológicos.
Computadoras, celulares y documentos quedaron bajo custodia
Toda la evidencia recolectada durante la intervención quedó en manos de las autoridades competentes.
Entre los indicios constan dispositivos tecnológicos, documentación, archivos con datos personales y registros de conversaciones.
Las respectivas pericias serán fundamentales para determinar el alcance de las actividades que presuntamente se realizaban desde este inmueble de Iñaquito.
El operativo fue articulado dentro de la Estrategia Capital, que contempla acciones coordinadas entre dependencias municipales, Policía Nacional y Fuerzas Armadas para el control del espacio público, convivencia y apoyo a la seguridad ciudadana.
Lo que comenzó como un control a comerciantes no regularizados terminó así abriendo una investigación completamente diferente: un inmueble con decenas de personas, bases con datos personales y conversaciones relacionadas con pagos, deudas y solicitudes de dinero.
Ahora, las investigaciones deberán establecer qué había detrás de es