La familia de Héctor Vinicio Rojas, funcionario público de 56 años, busca respuestas sobre las circunstancias que rodearon su desaparición y posterior muerte en Quito.
Rojas fue visto por última vez el 24 de julio de 2026, después de salir de las instalaciones de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), institución en la que trabajaba.
De acuerdo con información proporcionada por sus allegados, cámaras de seguridad registraron al funcionario mientras caminaba con normalidad por una calle cercana al edificio administrativo. Después de ese momento, se perdió su rastro.
Tres días más tarde, su cuerpo fue localizado en el interior de la quebrada La Chilena, debajo del denominado Puente Amarillo, en el barrio San Juan, en el centro de Quito.
El cuerpo fue encontrado en la quebrada La Chilena
Personal de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida (Dinased) acudió al sitio para realizar las primeras diligencias.
Según el parte policial, el cuerpo fue reconocido en el lugar por el hermano de Héctor.
Durante la inspección inicial, los investigadores no habrían encontrado signos evidentes de violencia en el cadáver.
En medio de las primeras indagaciones también se mencionó que Héctor atravesaba problemas relacionados con endeudamiento. Sin embargo, su familia sostiene ahora que existen nuevos elementos que podrían ayudar a determinar qué ocurrió antes de que fuera encontrado muerto.
Familia asegura que los exámenes preliminares revelaron que fue drogado
Tres semanas después de la desaparición, los familiares de Héctor Rojas hablaron sobre los resultados de las primeras pericias forenses.
En declaraciones a Teleamazonas, aseguraron que tuvieron acceso a documentación médica que, según su interpretación, mostraría que el funcionario habría sido drogado antes de morir.
“En los exámenes preliminares aparece que lo drogaron y lo mataron. El informe médico dice claramente que lo drogaron y mataron. Exigimos justicia”, manifestó la familia de Héctor Vinicio Rojas a Teleamazonas.
Los allegados no especificaron qué sustancia habría sido encontrada ni bajo qué circunstancias habría ingresado al organismo del funcionario.
Por ello, será necesario esperar los resultados de las pericias definitivas y las conclusiones de la investigación para establecer si efectivamente existió una intoxicación y cuál habría sido su relación con la muerte.
Familia exige que se esclarezca su muerte
Para sus allegados, la incertidumbre sobre las circunstancias del fallecimiento aumenta debido a la información que, según aseguran, consta en los primeros exámenes.
“Que desaparezca un familiar es una cosa horrorosa”, es el sentimiento que han expresado familiares de personas desaparecidas en otros casos registrados en el país.
En el caso de Rojas, sus familiares piden que las autoridades agoten las diligencias necesarias para determinar si existió participación de terceras personas.
La investigación deberá establecer si la muerte fue accidental, si estuvo relacionada con algún delito o si existieron otros factores que llevaron al funcionario hasta la quebrada.
Otro caso de una funcionaria desaparecida en Quito
La desaparición de Héctor Rojas ocurrió durante una semana en la que también se conoció el caso de Mónica Luzuriaga, funcionaria del Ministerio de Educación.
Luzuriaga fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida en un hostal del norte de Quito.
La funcionaria trabajaba en la Dirección Nacional de Compras Públicas.
En los días posteriores a su desaparición, familiares habrían mencionado una posible sobrecarga laboral.
Sin embargo, el Ministerio de Educación rechazó esa versión y señaló que Luzuriaga contaba con permisos por calamidad doméstica y vacaciones concedidas de acuerdo con la normativa.
La institución también indicó que su jornada ordinaria era de 08:00 a 17:00.
Ambos casos son independientes y no existe información oficial que establezca una relación entre las muertes de Héctor Rojas y Mónica Luzuriaga.
Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Rojas mantiene su pedido de justicia y espera que las pericias permitan determinar qué ocurrió con el funcionario después de salir de la DGAC.