Las miles de cámaras instaladas en calles, instituciones, comercios y otros espacios de acceso público podrían quedar bajo un nuevo esquema de control en Ecuador. La Asamblea Nacional analiza una propuesta que no solo busca regular dónde y cómo funcionan estos dispositivos, sino también quién puede acceder a sus imágenes, cuánto tiempo pueden conservarse y qué sanciones existirían por utilizarlas de manera irregular.
El debate cobra especial relevancia mientras el Gobierno interviene las salas de monitoreo de Quito y Guayaquil, después de las alertas sobre un presunto espionaje mediante las denominadas “salas espejo”.
La iniciativa legislativa propone cambios de amplio alcance: un registro nacional bajo responsabilidad del ECU 911, conexión entre sistemas públicos y privados en determinadas circunstancias, reconocimiento facial, lectura de placas, multas de hasta 50 salarios básicos y penas de prisión por el uso ilícito de videovigilancia con fines delictivos.
Por ahora, ninguna de estas disposiciones constituye una nueva obligación vigente. El proyecto todavía debe superar el trámite en la Asamblea.
Las cámaras privadas también entran en el radar
Una de las claves para entender el proyecto es que no está pensado únicamente para las cámaras del Estado.
Las instituciones públicas que capten imágenes de espacios públicos o de uso público quedarían sometidas a las disposiciones de la futura normativa.
Pero el alcance también llegaría a personas y empresas privadas que utilicen videovigilancia para proteger bienes o personas en lugares de acceso público, cuando su utilización exceda el ámbito doméstico o familiar.
¿También afectaría a las cámaras instaladas en una casa?
No necesariamente.
Los dispositivos destinados exclusivamente al entorno familiar o doméstico quedarían fuera del alcance de la regulación.
Sin embargo, esa protección cambiaría si una cámara excede el espacio privado y su utilización termina afectando derechos de terceros.
Un registro permitiría saber qué sistemas de videovigilancia existen
La propuesta plantea crear el Registro Nacional de Sistemas de Videovigilancia, una herramienta que quedaría administrada por el ECU 911.
El registro tendría una particularidad: no toda la información sería pública.
Estaría compuesto por dos módulos diferenciados, uno público y otro reservado, con el objetivo de facilitar el control, supervisión y transparencia de los sistemas registrados, sin afectar las competencias existentes en materia de protección de datos personales.
Los titulares obligados a formar parte de este mecanismo contarían con 90 días desde la instalación de sus sistemas para realizar la inscripción.
Las imágenes no podrían manejarse sin límites
Tener acceso a una cámara tampoco significaría disponer libremente de aquello que registra.
El proyecto establece que la operación de los sistemas y el tratamiento de la información deben responder a principios como legalidad, finalidad, necesidad, confidencialidad y limitación temporal.
La intención es fijar reglas para diferentes momentos del proceso: desde que una cámara comienza a captar imágenes hasta el acceso, almacenamiento, transferencia y posterior eliminación de esos datos.
También se busca establecer mecanismos que permitan coordinar diferentes sistemas y generar información estratégica y estadística.
El ECU 911 podría cruzar información para reconocer rostros y placas
Uno de los puntos con mayor impacto potencial está relacionado con las bases de datos que ya poseen diferentes instituciones del Estado.
El proyecto dispone que registros existentes en entidades como el Registro Civil, Ministerio del Interior, Policía Nacional y Consejo de la Judicatura, además de otras instituciones que dispongan de información, sean entregados al ECU 911.
¿Para qué?
La propuesta plantea utilizar esa información junto con tecnologías de reconocimiento facial y lectura de placas para prevenir o detectar infracciones y ejecutar disposiciones judiciales.
Este apartado convierte el tratamiento de datos personales en uno de los puntos centrales de la iniciativa.
¿Podrían conectarse cámaras privadas con sistemas estatales?
La propuesta contempla esa posibilidad bajo circunstancias específicas.
En escenarios de conflicto armado no internacional, el proyecto establece un régimen excepcional que permitiría adoptar medidas más amplias de videovigilancia.
Una de ellas sería la interoperabilidad obligatoria de sistemas privados.
También se contempla la posibilidad de acceder a información en tiempo real y extender los periodos de conservación de determinados datos.
Estas facultades están planteadas para ese régimen especial y no como una condición ordinaria aplicable permanentemente a todos los sistemas.
Acceder a una grabación sin autorización podría terminar en sanción
El proyecto también intenta responder una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando alguien utiliza indebidamente la información captada por las cámaras?
Entre las infracciones administrativas propuestas está acceder a datos de videovigilancia sin contar con una habilitación legal.
También podrían existir sanciones por mantener imágenes durante más tiempo del permitido, incumplir la obligación de inscripción o vulnerar principios como finalidad, proporcionalidad y minimización.
La falta de medidas adecuadas para proteger la información recopilada también podría generar responsabilidad administrativa.
Las multas podrían llegar a 50 salarios básicos
Las sanciones planteadas no son menores.
El proyecto contempla multas que pueden alcanzar hasta 50 salarios básicos unificados.
Además de la sanción económica, un sistema de videovigilancia podría ser suspendido temporalmente hasta por 180 días.
La magnitud de la consecuencia dependería de las infracciones contempladas en la futura normativa si finalmente es aprobada.
Cámaras utilizadas para delinquir: la propuesta que apunta al COIP
El proyecto también busca trasladar parte de la regulación al terreno penal.
Entre las reformas propuestas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) aparece la incorporación de un delito por la instalación o utilización ilícita de sistemas de videovigilancia cuando exista una finalidad delictiva.
La pena planteada va de cinco a diez años de cárcel.
De esta manera, la iniciativa pretende diferenciar las irregularidades administrativas de aquellas conductas que involucren el uso de cámaras como herramienta para cometer delitos.
No solamente cambiaría el COIP
La aprobación del proyecto implicaría modificaciones en diferentes normas ecuatorianas.
Además del COIP, contempla reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), la Ley de Servicio Público, la Ley de Transporte Terrestre y la normativa relacionada con la protección de datos personales.
La intención es integrar el nuevo sistema de videovigilancia con las competencias que ya mantienen diferentes instituciones.
¿Quiénes impulsan el proyecto?
La propuesta fue presentada el 12 de mayo por los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) Inés Alarcón, Jadira Bayas, Milton Aguas, Esperanza Rogel Reyes, Álex Morán, Jorge Chamba y Luigi García.
El texto contiene 35 artículos, dos disposiciones generales, cuatro transitorias, cinco reformatorias y dos finales.
Actualmente se encuentra en la Comisión de Seguridad, presidida por Alarcón.
¿Cuándo podrían entrar en vigencia estas nuevas reglas?
Todavía queda camino legislativo.
La Comisión de Seguridad desarrolla comparecencias de autoridades y expertos como parte del análisis de la propuesta.
Después deberá elaborar un informe para primer debate, que llegará al Pleno de la Asamblea Nacional.
Posteriormente, el proyecto tendrá que continuar su trámite hacia un segundo debate antes de completar las siguientes etapas previstas para una ley.
Por eso, el registro ante el ECU 911, las multas, las nuevas facultades de acceso y las penas planteadas todavía son propuestas y no deben entenderse como normas actualmente vigentes.
El fondo de la discusión va más allá del número de cámaras que existen en Ecuador. La normativa intenta establecer quién puede mirar, almacenar, cruzar o compartir la información que esos dispositivos captan diariamente, mientras coloca frente a frente dos necesidades especialmente sensibles: fortalecer la seguridad y proteger los datos y derechos de los ciudadanos.