Una intervención policial en una zona minera de Pucará, en Azuay, terminó con el hallazgo de ocho personas sin vida. Los cuerpos estaban maniatados y habían sido colocados en dos fosas en el sector Huasipamba.
Las diligencias se concentraron en el área de la mina conocida como “El Mirador”. Según la Policía Nacional, en este punto no existirían permisos vigentes para desarrollar actividades de exploración o explotación minera.
El jefe de la Policía Judicial, Pablo Inga, informó este domingo 9 de agosto que entre los fallecidos hay siete hombres y una mujer.
¿Qué signos de violencia tenían los cuerpos?
La escena encontrada por los agentes mostró la magnitud del hecho. Los cadáveres estaban repartidos entre dos fosas: cuatro en cada una y a cerca de dos metros de profundidad.
Durante la primera revisión también se determinó que las víctimas estaban maniatadas y tenían lesiones visibles.
De acuerdo con la información preliminar entregada por Inga, no se observaron heridas de bala a simple vista. Sí se encontraron lesiones que serían compatibles con el uso de un arma blanca y que, según la hipótesis inicial de los investigadores, podrían haber sido ocasionadas con un machete.
También se investigan indicios de posibles mutilaciones y decapitaciones. Sin embargo, serán los exámenes forenses los que permitan establecer con precisión las lesiones y las causas de las ocho muertes.
Dos carros quemados forman parte de las investigaciones
La búsqueda en Huasipamba dejó otro indicio. Dos vehículos fueron encontrados incinerados y ahora serán sometidos a pericias para conocer si tienen alguna vinculación con el hecho.
La identidad de las ocho víctimas aún debe establecerse. Tampoco se ha determinado si pertenecían o trabajaban en la zona minera donde se produjo el hallazgo.
Los cadáveres fueron llevados al Centro Forense Zonal 6, en Cuenca, para los procedimientos de identificación y demás análisis de Medicina Legal.
La Policía trabaja junto con la Fiscalía General del Estado para reconstruir lo sucedido y determinar responsabilidades.
Los operativos de control se extendieron además a Girón, Camilo Ponce Enríquez, Tarqui, Sayausí y el Terminal Terrestre de Cuenca, con participación de Policía Nacional y Fuerzas Armadas.