No todas las entidades que conceden créditos utilizan el mismo mecanismo para reclamar una deuda cuando existe un incumplimiento en los pagos. Aunque todo acreedor tiene derecho a exigir el cumplimiento de una obligación, la vía legal dependerá de si se trata de una entidad pública o privada.
Así lo explicó César Coronel Garcés, abogado de Defensa Deudores Ecuador, en una entrevista exclusiva con METRO ECUADOR donde aclaró qué bancos, cooperativas, casas comerciales e instituciones pueden iniciar un juicio y cuáles son los plazos que establece la legislación ecuatoriana.
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Todos los acreedores pueden cobrar una deuda, pero no de la misma manera
El especialista señaló que existe una idea equivocada de que todas las entidades tienen las mismas herramientas legales para recuperar una deuda.
“Todo acreedor tiene derecho de accionar en contra del deudor en caso de morosidad en el pago de una deuda, pero también es cierto que cada acreedor tiene una vía distinta para poder accionar”, explicó César Coronel.
Por ello, el primer paso es identificar qué tipo de acreedor reclama el pago.
Bancos, cooperativas y casas comerciales deben acudir a la justicia civil
Cuando la obligación corresponde a una entidad privada, el procedimiento debe tramitarse en la jurisdicción civil.
Coronel explicó que esto aplica para bancos privados, cooperativas de ahorro y crédito, casas comerciales e incluso particulares.
“En lo que respecta a bancos, cooperativas, casas comerciales y particulares, todos ellos de derecho privado, la vía idónea es el juzgado civil, ya sea por la vía ejecutiva, por la vía monitoria o por la vía ordinaria”, señaló.
Esto significa que estas entidades no pueden iniciar procesos coactivos, ya que esa facultad corresponde únicamente a determinados organismos previstos por la ley.
¿Qué entidades pueden cobrar mediante coactiva?
La situación cambia cuando la deuda corresponde al Estado o a determinadas instituciones autorizadas legalmente.
“Cuando se trata de una deuda con el Estado, la vía es la coactiva. Recordemos que la coactiva es una potestad exclusiva del Estado para el cobro de sus deudas”, indicó el abogado.
Según explicó, pueden ejercer esta facultad:
- Instituciones públicas.
- Empresas públicas.
- Entidades con participación mayoritaria del Estado.
- Algunas instituciones que poseen esa atribución por disposición legal.
El caso especial con un banco
Uno de los ejemplos que mencionó el especialista es con una institución financiera estatal.
Aunque muchos ciudadanos consideran que funciona como una entidad privada, Coronel explicó que la legislación le concede una facultad especial.
“Ese no es un banco público, es un banco privado, pero por disposición expresa del Código Orgánico Monetario y Financiero tiene esta facultad de ejercer coactiva en contra de los deudores”, afirmó.
Por ello, los procedimientos de cobro de esta institución pueden diferir de los que siguen otros bancos privados.
La ley también fija plazos para iniciar un juicio
El abogado recordó que las entidades financieras o públicas no pueden esperar indefinidamente para iniciar acciones legales.
En el caso de instituciones y empresas públicas, el plazo para iniciar un proceso coactivo es de cinco años.
“Si se trata de una entidad, una institución pública o una empresa pública, solo tienen cinco años para iniciar la coactiva en mi contra”, explicó.
En cambio, cuando se trata de acreedores privados o de entidades facultadas para acudir a la vía civil, el plazo puede extenderse hasta diez años.
“Si se trata de un acreedor privado o de la banca pública, tiene hasta diez años para accionar en mi contra”, añadió.
¿Qué pasa si la entidad deja pasar ese tiempo?
Coronel explicó que, si el acreedor no presenta la acción dentro del plazo establecido por la ley, pierde la posibilidad de exigir judicialmente el pago.
En ese momento, el deudor puede solicitar la prescripción de la obligación.
“Una vez que no lo haga en ese plazo, pierde su derecho a accionar en mi contra y se activa el derecho que tiene el deudor para solicitar la prescripción de la obligación”, indicó.
El abogado aclaró que este derecho no se aplica automáticamente, sino que debe ser solicitado por el deudor dentro del proceso correspondiente.
Conocer la ley ayuda a proteger los derechos de los deudores
Esta explicación complementa la información difundida anteriormente por Metro Ecuador sobre las reglas que deben respetar las empresas durante los procesos de cobranza.
Aunque las obligaciones económicas deben cumplirse, el especialista recuerda que los acreedores también están sujetos a límites legales y que conocer el tipo de entidad que reclama una deuda permite comprender qué procedimiento corresponde y cuáles son los derechos de cada persona frente a un eventual juicio.
El sobreendeudamiento es una realidad en Ecuador
El especialista explicó que miles de ecuatorianos enfrentan dificultades para cumplir puntualmente con sus obligaciones financieras.
“Los ecuatorianos estamos sobreendeudados y cuando una persona no puede pagar a tiempo una deuda esto se traduce en varias consecuencias. Una de ellas es la merma de su calificación en el buró de crédito”, señaló.
Coronel agregó que, según cifras oficiales de Aval Buró, tres de cada diez personas en Ecuador registran una calificación mala o pésima en el buró de crédito debido al incumplimiento de sus obligaciones.
Sin embargo, enfatizó que una deuda pendiente no implica la pérdida de derechos.