El juicio por el asesinato del arquitecto Bryan Flores avanza hacia su desenlace en el Complejo Judicial Norte de Quito, luego de que la Fiscalía General del Estado concluyera la presentación de sus últimos testigos y peritos dentro del proceso penal que se sigue contra dos policías procesados por este caso.
Con la fase probatoria prácticamente concluida, el Tribunal deberá escuchar los alegatos finales de las partes antes de deliberar y emitir un veredicto por el crimen ocurrido en el sector de Cotocollao, el pasado 30 de agosto de 2025.
Se reinstala la audiencia oral y contradictoria de juzgamiento:
Según explicó Marco Yaulema, abogado de la familia de Bryan Flores, únicamente resta la incorporación de prueba documental y la comparecencia de tres testigos de la defensa: un perito y los dos procesados.
“Solo falta la prueba documental y tres testimonios de la defensa, que son un perito y los procesados; con eso se acaba”, indicó el jurista en entrevista con Metro Ecuador.
Una vez concluida esa etapa, el Tribunal escuchará los alegatos de clausura antes de emitir su resolución.
La penas que podrían enfrentar los policías:
El abogado explicó que la pena dependerá de la calificación jurídica que finalmente determine el Tribunal y de la valoración de las circunstancias agravantes contempladas en la legislación penal.
Añadió que, durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía solicitó una reparación integral de 300.000 dólares, tomando en consideración que la víctima era arquitecto y árbitro de una asociación deportiva.
Respecto a las sanciones, Yaulema indicó que el procesado Kevin Alexander Ch, señalado como autor podría enfrentar una pena de hasta 40 años, siempre que el Tribunal determine la existencia de agravantes previstas en la ley.
En cuanto al segundo procesado, Joel Stivens N. explicó que la Fiscalía formuló acusación por presunta complicidad.
“Fiscalía acusó complicidad; desde nuestro punto de vista podría haber coautoría, pero Fiscalía consideró que era cómplice”, manifestó.
El abogado agregó que la pena para un cómplice dependerá de la condena que eventualmente se imponga al autor y de la valoración judicial de las agravantes que podría alcanzar hasta 20 años.
La familia sostiene que las pruebas respaldan la acusación:
Durante el desarrollo del juicio, la familia de Bryan Flores ha insistido en que las pruebas incorporadas al proceso respaldan la teoría presentada por la Fiscalía.
“Lo que esperamos, en primer lugar, es que se haga justicia. En este caso existe un importante acervo probatorio: videos que registran de manera contundente los disparos en las dos escenas de los hechos, testimonios, pericias técnicas y demás elementos de convicción que, a nuestro criterio, demuestran lo ocurrido”, afirmó Marco Yaulema.
El abogado también aseguró que los informes periciales practicados durante la investigación contradicen una de las principales versiones sostenidas por los procesados.
“Las pericias practicadas establecen que, en ningún momento, Bryan Flores intentó robar ni atropellar al servidor policial, desvirtuando así una de las principales versiones sostenidas por los hoy procesados”, sostuvo.
Presunta manipulación de la escena también forma parte del proceso:
Otro de los aspectos expuestos por la acusación particular hace referencia a una presunta alteración de la escena del crimen.
“Dentro de la investigación existen elementos que apuntan a una presunta manipulación de la escena del crimen, pues se habría dispuesto el retiro de las vainas percutidas, conducta que, de comprobarse en juicio, constituye un hecho de extrema gravedad por afectar la administración de justicia y el esclarecimiento de la verdad”, señaló Yaulema.
Asimismo, indicó que dentro del expediente también existen elementos que, según la acusación, deberán ser valorados por el Tribunal respecto a las actividades que habrían realizado los procesados antes de los hechos.
“De acuerdo con los elementos incorporados al proceso, existen indicios de que los procesados habrían estado participando en una celebración antes de los hechos, aspecto que deberá ser valorado por el tribunal conforme a la prueba actuada durante el juicio”, expresó.
La familia pide una sentencia basada en las pruebas:
Para la familia de Bryan Flores, el objetivo del proceso es que la decisión judicial se fundamente exclusivamente en la evidencia presentada durante el juicio.
“Este caso no puede quedar en la impunidad. Una decisión basada en la prueba y en el derecho no solo hará justicia para Bryan Flores y su familia, sino que también fortalecerá la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Permitir que hechos de esta naturaleza queden sin una respuesta judicial adecuada sentaría un precedente sumamente peligroso para el Estado de derecho”, manifestó el abogado.
Finalmente, reiteró el impacto que el crimen tuvo sobre la vida de la víctima y sus seres queridos.
“Nuestro único interés es que la verdad procesal sea establecida y que quienes resulten responsables respondan conforme a la ley, sin privilegios y con pleno respeto al debido proceso. Debo mencionar que se corta la vida, los sueños de un arquitecto y árbitro, un joven que tenía una vida por delante y su familia ha estado pendiente en cada audiencia luchando para que se haga justicia”, concluyó.
Mientras tanto, el Tribunal deberá analizar la totalidad de la prueba practicada durante el juicio antes de emitir el fallo que definirá la responsabilidad penal de los procesados.
La tragedia ocurrió la madrugada del 30 de agosto de 2025 en el sector de Cotocollao.
Bryan Flores, quien a sus 28 años ejercía como arquitecto, chef y árbitro de fútbol, se vio involucrado en un aparente percance de tránsito menor.
Lo que debió resolverse bajo los parámetros ordinarios derivó en una persecución por parte de los dos gendarmes, quienes presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol y abrieron fuego contra el vehículo del joven.
A pesar de ser trasladado de emergencia, Flores falleció minutos después en la Clínica Cotocollao debido a la gravedad de sus heridas de bala.
Un proceso marcado por diferimientos:
A lo largo de casi un año de pugna legal, el proceso judicial experimentó múltiples suspensiones y diferimientos que despertaron las alertas de los familiares respecto a una posible caducidad de la prisión preventiva.
A través de plantones frente a la Fiscalía, sus defensores y parientes insistieron continuamente en que se haga justicia y que este hecho no se vuelva a repetir.