La Fiscalía General del Estado solicitó al tribunal que declare la culpabilidad del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de los demás procesados dentro del denominado caso Triple A, investigación que analiza una presunta estructura dedicada a la comercialización irregular de combustibles subsidiados.
Durante la presentación de sus alegatos finales, el Ministerio Público pidió que se imponga la pena máxima contemplada para el delito investigado, además de la disolución de seis compañías que, según la acusación, habrían participado en las operaciones investigadas.
Fiscalía sostiene que existió una estructura para obtener beneficios económicos
De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, durante el juicio se habrían incorporado elementos que demostrarían la existencia de una organización integrada por personas naturales y jurídicas que participaron en distintas etapas del proceso de comercialización de combustibles.
Según el Ministerio Público, los involucrados habrían intervenido en actividades relacionadas con la gestión, coordinación, declaración y comercialización de derivados de hidrocarburos, con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante el aprovechamiento de combustibles subsidiados por el Estado.
La institución sostiene que estos recursos públicos están destinados a favorecer a determinados sectores de la población y no a generar ganancias particulares.
La investigación se centra, principalmente, en presuntas irregularidades relacionadas con la comercialización de diésel subsidiado, cuyo precio cuenta con un aporte económico estatal.
Aquiles Álvarez es uno de los procesados
Entre los procesados figura Aquiles Álvarez, actual alcalde de Guayaquil, junto con representantes y responsables de varias empresas vinculadas al sector de comercialización de combustibles.
Fiscalía solicitó que se declare la culpabilidad, en calidad de autores directos:
- Aquiles David Álvarez Enríquez
- Raúl Arnoldo Zambrano Orellana,
- Juan Dionisio Araujo Saldarriaga
- Fausto Vinicio Baca Gonzaga
- Edgar Moisés Flores Torres
- Rosa Marbella Ortiz González
- Edgar Edmundo Campoverde Abril.
La Fiscalía sostiene que los acusados habrían participado en una estructura que permitió el desarrollo de operaciones consideradas irregulares.
No obstante, la defensa del alcalde ha rechazado las imputaciones y sostiene que no existen elementos que demuestren responsabilidad penal de Álvarez en los hechos investigados.
Fiscalía pide la disolución de seis empresas
Además de solicitar una sentencia condenatoria contra los procesados, el Ministerio Público pidió que el tribunal ordene la disolución de seis compañías que constan dentro del expediente judicial.
Según la acusación, estas empresas habrían formado parte del esquema investigado y su participación habría facilitado las operaciones objeto del proceso.
La solicitud será analizada por el tribunal junto con el resto de las pruebas y argumentos expuestos durante el juicio.
¿Qué sigue en el caso Triple A?
Con la culminación de los alegatos finales, el proceso judicial entra en su fase decisiva.
Ahora, el tribunal deberá evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía, los argumentos de las defensas y los elementos incorporados durante el juicio antes de emitir una resolución.
Los jueces determinarán si las evidencias son suficientes para establecer responsabilidades penales o, por el contrario, ratificar el estado de inocencia de los procesados, conforme al principio de presunción de inocencia.
El caso Triple A se ha convertido en uno de los procesos judiciales de mayor impacto político en Ecuador, debido a que involucra al alcalde de Guayaquil y a una investigación relacionada con el presunto uso irregular de combustibles subsidiados.