Una investigación por el presunto delito de cohecho mantiene bajo la lupa a jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
La madrugada de este miércoles 29 de julio, la Fiscalía General del Estado ejecutó varios allanamientos en distintos sectores de Quito con el apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional.
Las diligencias se desarrollan dentro de una investigación previa relacionada con una presunta entrega de dinero a magistrados para gestionar la emisión de una sentencia de casación que habría beneficiado a una empresa china.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el proceso judicial en cuestión, aunque confirmaron que la indagación se originó a partir del testimonio anticipado de una persona sentenciada en el denominado caso Plaga.
¿Qué informó la Fiscalía?
A través de sus canales oficiales, la Fiscalía General del Estado señaló que los jueces nacionales investigados habrían recibido pagos indebidos a cambio de intervenir en la emisión de una sentencia.
“La investigación se inició con base en el testimonio anticipado de una persona sentenciada en el caso Plaga. Entre los indicios levantados durante el operativo constan computadores, teléfonos celulares y documentos”, informó la institución.
Las evidencias encontradas durante los allanamientos serán sometidas a las respectivas pericias como parte de las diligencias investigativas.
¿Quiénes son los magistrados investigados?
Horas después del inicio del operativo, la Fiscalía precisó que las sospechas recaen sobre tres jueces nacionales de la Sala Administrativa de la Corte Nacional de Justicia.
Se trata de Milton V., Patricio S. e Iván L., quienes habrían integrado el Tribunal que emitió una sentencia de casación mediante la cual se ordenó el pago de USD 53,3 millones a favor de una empresa china.
Por tratarse de una investigación en etapa previa, las autoridades mantienen la reserva de varios elementos del proceso.
¿Qué es el caso Plaga?
La investigación por presunto cohecho tiene como antecedente el caso Plaga, un proceso penal impulsado por la Fiscalía por el delito de delincuencia organizada.
Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público, los procesados integraban una estructura delictiva que habría operado de manera ilegal para obtener acciones constitucionales favorables para personas privadas de libertad sentenciadas por delitos graves, entre ellos abuso sexual, robo con resultado de muerte y casos relacionados con organizaciones criminales.
La Fiscalía sostiene que dentro de esta estructura participaron jueces de distintos niveles judiciales que habrían sido infiltrados por integrantes o allegados a grupos delictivos organizados, quienes buscaban conseguir resoluciones judiciales favorables o acceder a información privilegiada a cambio de beneficios económicos.
La investigación continúa
Las diligencias ejecutadas este miércoles forman parte de la investigación previa por presunto cohecho, por lo que las autoridades aún deberán determinar las posibles responsabilidades penales de los involucrados.
Mientras avanzan las pericias a los dispositivos electrónicos y la documentación incautada, la Fiscalía no ha informado si existen órdenes de detención relacionadas con este caso.
El proceso permanece en etapa investigativa y serán las actuaciones judiciales posteriores las que determinen si existen elementos suficientes para formular cargos contra los magistrados señalados.