La justicia dispuso prisión preventiva para el exalcalde de Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo Cabrera, y otras cinco personas vinculadas a su entorno familiar, dentro de la investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de lavado de activos.
La medida fue dictada durante la audiencia de formulación de cargos, instalada la noche del martes, dentro del denominado caso BB, nombre con el que la Policía identifica la investigación relacionada con el exfuncionario.
En el proceso penal también fueron vinculadas dos empresas, cuya participación será investigada por las autoridades.
De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, Bermeo es señalado como uno de los principales financistas de la organización criminal Los Lobos, afirmación que forma parte de las declaraciones realizadas por la autoridad gubernamental.
Así se desarrolló el operativo en Azuay y El Oro
El exalcalde fue capturado durante la madrugada del 28 de julio de 2026, en un amplio operativo policial ejecutado de manera simultánea en Ponce Enríquez (Azuay) y Machala (El Oro).
En la intervención también fueron detenidos los otros cinco procesados.
Durante la audiencia, el juez declaró legal la detención de todos los investigados antes de continuar con la formulación de cargos presentada por la Fiscalía.
La investigación comenzó por un informe de la UAFE
Según explicó la Fiscalía, la investigación se inició tras un oficio emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) el 25 de marzo de 2026.
Ese informe advertía que, entre 2023 y 2025, los ahora procesados habrían registrado ingresos superiores a USD 9 millones, recursos que, de acuerdo con los análisis preliminares, no tendrían relación con actividades económicas justificables.
Con base en esa información, el Ministerio Público abrió una investigación para determinar el origen de esos fondos y establecer si existieron operaciones destinadas a ocultar recursos de procedencia ilícita.
Minería ilegal y presuntas exportaciones de oro bajo la lupa
La Fiscalía sostiene que la estructura investigada estaría presuntamente relacionada con actividades de minería ilegal, distribución de explosivos, facturación irregular y exportaciones de oro cuyo origen no ha podido ser justificado.
En una publicación realizada en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la institución indicó que el exalcalde habría mantenido presuntas actividades de minería ilegal con facturación irregular y exportaciones de oro sin que se pueda justificar la adquisición del mineral exportado.
Una de las principales líneas de investigación busca establecer el origen del oro comercializado y determinar si las operaciones financieras guardan relación con actividades ilícitas.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó diversos elementos de convicción obtenidos durante la investigación.
Entre ellos constan:
- Informes financieros de la UAFE.
- Información tributaria del Servicio de Rentas Internas (SRI).
- Registros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
- Movimientos migratorios.
- Información sobre cuentas y movimientos bancarios.
- Certificaciones que señalarían la inexistencia de licencias mineras vigentes vinculadas con las actividades investigadas.
Estos documentos serán analizados durante el proceso judicial para determinar la existencia o no del presunto delito de lavado de activos.
Más de USD 250.000 en efectivo, oro y vehículos fueron incautados
Como parte de los allanamientos ejecutados durante el operativo, las autoridades decomisaron varios bienes considerados relevantes para la investigación.
Entre los indicios encontrados figuran:
- Más de USD 250.000 en efectivo.
- Un lingote de oro.
- Joyas.
- Teléfonos celulares.
- Vehículos.
- Otros objetos que pasarán a ser analizados dentro del proceso.
El juez también inmovilizó bienes de los procesados
Además de ordenar la prisión preventiva, el juez dispuso la prohibición de enajenar los bienes adquiridos durante el período investigado.
La medida busca impedir la transferencia o venta de esos activos mientras continúan las diligencias judiciales.
El caso permanece en fase inicial y la Fiscalía continuará recopilando evidencias para esclarecer el origen de los recursos económicos y determinar la eventual responsabilidad penal de los procesados. Como ocurre en toda investigación penal, los involucrados mantienen su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia ejecutoriada.