Las declaraciones del expresidente Osvaldo Hurtado contra el presidente Daniel Noboa generaron una reacción inmediata dentro de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN). Durante una entrevista concedida este lunes, Hurtado aseguró que “es una pena, una lástima y una preocupación que tengamos en la Presidencia de la República un segundo Correa”, además de cuestionar el manejo del Gobierno.
Horas después, varios asambleístas oficialistas respondieron desde sus redes sociales con un mensaje común: rechazaron la comparación y defendieron la legitimidad democrática del actual Gobierno, su respeto a la institucionalidad y las acciones emprendidas en materia de seguridad.
La legitimidad del mandato, el principal argumento
La asambleísta Lucía Jaramillo recordó que el Presidente fue reelegido en 2025 con el 55,63 % de los votos, por lo que consideró que ninguna acusación política puede desconocer la voluntad expresada por los ecuatorianos.
En la misma línea, Luigi García Velásquez sostuvo que Ecuador cuenta con un gobierno democráticamente electo y con funciones del Estado que actúan de manera independiente.
Ese criterio también fue compartido por Sade Fritschi, quien afirmó que calificar al país como una dictadura no fortalece la democracia, sino que la desvirtúa, al sostener que el Gobierno actúa con legitimidad democrática y respeto a la institucionalidad.
Para María Paula Villacreses, la existencia de una Corte que contradice decisiones del Ejecutivo demuestra que el país mantiene un sistema de pesos y contrapesos, por lo que defendió el mandato otorgado por los ciudadanos en las urnas.
El oficialismo rechaza las comparaciones
Otro de los argumentos comunes fue el rechazo a que el Gobierno de Daniel Noboa sea calificado como una dictadura.
El legislador Luis Fernando Jácome señaló que la crítica política es legítima, pero sostuvo que equiparar una democracia con una dictadura constituye “un error de concepto” que minimiza el sufrimiento de quienes realmente vivieron bajo regímenes autoritarios.
En el mismo sentido, Steve Villacrés manifestó que el expresidente Hurtado tiene derecho a discrepar, aunque consideró que acusar al mandatario sin pruebas degrada el debate democrático.
Por su parte, Juan José Reyes aseguró que comparar a Daniel Noboa con Rafael Correa constituye una acusación sin sustento y defendió que en Ecuador existen elecciones, libertad de expresión e instituciones independientes.
Seguridad y combate al crimen, otro eje de defensa
Las respuestas de la bancada también destacaron las políticas impulsadas por el Ejecutivo para enfrentar la delincuencia organizada.
La asambleísta Janina Rizzo afirmó que el Gobierno actúa con firmeza dentro del marco democrático y mantiene como prioridades el combate al crimen organizado, la lucha contra la corrupción y la estabilidad del país.
En esa línea, Milton Aguas sostuvo que el presidente enfrenta a las mafias “que durante años nadie quiso tocar” y rechazó que se presente al Ecuador como un Estado sin democracia, al señalar que el país mantiene elecciones libres, oposición política y separación de funciones.
Piden un debate basado en hechos
Más allá de las diferencias en el tono de sus pronunciamientos, los legisladores coincidieron en que el debate político debe sustentarse en hechos y no en descalificaciones.
Graciela Ramírez rechazó las declaraciones del expresidente Hurtado por considerar que carecen de sustento y desconocen la realidad democrática del Ecuador. Una postura similar expresó Fabricio Tamayo, quien afirmó que defender la democracia implica respetar las instituciones y construir el debate público con responsabilidad.
En el mismo sentido, Janina Rizzo, Steve Villacrés y Luis Fernando Jácome señalaron que las diferencias políticas son legítimas, pero insistieron en que las críticas deben estar respaldadas por argumentos y pruebas.
Una respuesta con un mensaje común
La bancada oficialista coincidió en cuatro ideas centrales: defender la legitimidad democrática del mandato de Daniel Noboa, rechazar la comparación con un régimen autoritario, reivindicar la independencia de las instituciones del Estado y destacar la lucha contra el crimen organizado como uno de los pilares de la gestión del Gobierno.