Un informe de Inteligencia de la Policía Nacional revela que la exjueza anticorrupción Gabriela L., procesada por presunto enriquecimiento ilícito, habría utilizado sus influencias para conseguir que se revocara la prisión preventiva dictada en su contra. El documento señala que la audiencia fue conocida por una magistrada con quien mantendría una relación cercana de amistad.
La información consta en un informe elaborado por organismos de Inteligencia de la Policía Nacional dentro del seguimiento al caso “Fachada”, investigación que indaga una presunta red de corrupción conformada principalmente por jueces anticorrupción que habría favorecido ilegalmente a integrantes de la organización criminal “Comandos de Frontera”.
Según el documento, durante los allanamientos ejecutados en el marco de esa investigación fueron encontrados USD 60.000 en efectivo sin justificativo en el domicilio de Gabriela Lara Tello, quien actualmente es procesada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
El informe detalla que el 2 de abril de 2026 se ordenó prisión preventiva en su contra durante la audiencia de formulación de cargos. Sin embargo, la medida no pudo ejecutarse porque la procesada no se encontraba presente.
Posteriormente, siempre de acuerdo con el informe policial, la exjueza solicitó la revisión de las medidas cautelares y habría logrado que la audiencia fuera presidida por la jueza, respecto de quien existirían elementos que evidenciarían una relación cercana de amistad con la procesada. Esa diligencia concluyó con la revocatoria de la prisión preventiva.
Además, el documento sostiene que Gabriela L. presentó una recusación contra el juez ponente con la finalidad de apartarlo y propiciar que el caso fuera conocido por esa magistrada, situación que, según el informe, podría comprometer la objetividad e imparcialidad del proceso judicial.