Marcos Armando D. A., conocido como alias “Matón de Daule” y señalado por las autoridades como un objetivo criminal de alta prioridad, recuperó su libertad luego de la audiencia de formulación de cargos celebrada tras su detención en Guayaquil.
La decisión se produjo días después de que el Gobierno presentara su captura como un importante golpe contra la delincuencia organizada.
El presunto cabecilla del grupo delictivo organizado Los Chone Killers fue aprehendido el pasado 18 de julio en el norte de la ciudad.
El anuncio de su captura:
Tras el operativo, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, destacó la intervención y envió un mensaje dirigido a integrantes de organizaciones criminales.
“Los que viven del crimen tienen dos caminos: la cárcel o el infierno”, expresó el funcionario.
Según el informe policial, durante la intervención realizada en la duodécima etapa de La Alborada, los uniformados encontraron cuatro fundas que contenían un total de 43 gramos de cocaína en uno de los bolsillos del detenido.
Asimismo, en el vehículo en el que se movilizaba fue localizado un revólver junto al freno de mano, que contenía dos municiones.
Fiscalía pidió medidas sustitutivas:
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía procesó a Marcos Armando D. A. por los presuntos delitos de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y tenencia ilegal de armas.
Sin embargo, la defensa presentó documentos relacionados con el arraigo del procesado, entre ellos el Registro Único de Contribuyentes (RUC), certificados laborales y planillas de servicios básicos.
Con base en estos elementos, la Fiscalía decidió no solicitar prisión preventiva y, en su lugar, requirió la aplicación de medidas cautelares alternativas.
Finalmente, el juez acogió el pedido y dispuso que el procesado continúe en libertad mientras avanzan las investigaciones.
Las medidas impuestas:
Como parte de las disposiciones judiciales, alias “Matón de Daule” deberá cumplir con una serie de obligaciones durante los próximos 30 días.
Entre las medidas establecidas constan:
- Presentarse ante la Fiscalía todos los lunes y viernes.
- Mantener prohibición de salida del país.
- Permanecer sujeto a una investigación previa de 30 días.
La resolución ha generado debate debido a que la captura había sido presentada por el Gobierno como una acción relevante contra estructuras vinculadas al crimen organizado.