La hipótesis planteada por la Fiscalía General del Estado en el asesinato del gerente financiero de una universidad de Quito abrió un nuevo frente de análisis sobre los móviles que podrían estar detrás de un crimen presuntamente planificado.
Para el criminólogo y perfilador criminal Vinicio Altamirano, cuando una investigación apunta a que una persona con acceso a información sensible iba a revelar posibles irregularidades, el análisis no debe limitarse únicamente a los presuntos autores materiales, sino extenderse al contexto y a los intereses que pudieron verse comprometidos.
“Siempre debemos buscar los antecedentes para entender qué desencadenó el móvil del crimen. Cuando una persona maneja información sensible, la investigación debe analizar todo el ecosistema que la rodea”, explicó en entrevista con Metro Ecuador.
“Neutralizar la amenaza”
Uno de los conceptos que más destaca el especialista es el de “neutralizar la amenaza”, una expresión utilizada para explicar cómo, desde la criminología, puede entenderse una conducta violenta cuando alguien percibe que una acción futura pondría en riesgo sus intereses.
Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el principal procesado habría mantenido discrepancias con el gerente financiero debido a un proceso de auditoría impulsado desde la Dirección Financiera de la universidad.
Altamirano aclara que su análisis parte exclusivamente de esa hipótesis investigativa y no constituye una conclusión sobre la responsabilidad de los procesados.
“Cuando alguien siente que será descubierto, busca neutralizar la amenaza. Si una auditoría iba a revelar presuntas irregularidades, desde el punto de vista criminológico ese puede convertirse en un factor desencadenante para planificar un crimen”, señaló.
¿Podría haber más personas involucradas?
El especialista considera que una investigación de estas características debe explorar si detrás del presunto móvil existen otros intereses que trasciendan a las personas inicialmente procesadas.
A su criterio, cuando una auditoría puede afectar estructuras de poder o intereses económicos, resulta indispensable analizar si existen otros actores que pudieron beneficiarse de impedir que esa información saliera a la luz.
“Muchas veces las investigaciones muestran que no solamente intervienen las personas que aparecen inicialmente. Puede existir alguien con mayor poder o influencia cuyos intereses también se vean comprometidos. Eso es precisamente lo que debe determinar la investigación”, explicó.
No obstante, enfatizó que esa posibilidad forma parte de un análisis técnico y que únicamente las diligencias de la Fiscalía podrán establecer si existen o no otras responsabilidades.
Una planificación que, según Fiscalía, no habría sido improvisada
La teoría del caso expuesta por el Ministerio Público sostiene que días antes del crimen el principal procesado habría solicitado fotografiar el vehículo y el lugar de trabajo de la víctima.
Además, otros procesados presuntamente realizaron seguimientos registrados por cámaras de seguridad, mientras que una mujer habría esperado la salida del funcionario y un adolescente habría ejecutado los disparos.
Para Altamirano, este tipo de actuaciones, de comprobarse dentro del proceso judicial, evidenciarían una conducta planificada y no una reacción impulsiva.
“La planificación, la distribución de funciones y la participación de varias personas permiten analizar un comportamiento organizado. Desde la criminología, estos elementos son distintos a un acto cometido de manera espontánea”, indicó.
No se puede hablar de psicopatía sin una evaluación clínica
Durante la entrevista, el criminólogo también advirtió sobre uno de los errores más frecuentes cuando se analizan casos de alto impacto: calificar a los presuntos responsables como psicópatas.
Altamirano explicó que todas las personas pueden experimentar pensamientos agresivos en situaciones de estrés o conflicto, pero eso no significa que padezcan un trastorno de personalidad.
“Para afirmar que una persona presenta psicopatía o cualquier otra alteración de personalidad es indispensable realizar una valoración clínica especializada. No se puede llegar a esa conclusión únicamente por el hecho investigado”, puntualizó.
La investigación continúa
La Fiscalía General del Estado procesa a seis personas por su presunta participación en el asesinato del gerente financiero de una universidad de Quito. De acuerdo con la teoría del caso, el crimen habría estado motivado por discrepancias derivadas de un proceso de auditoría interna.
El proceso se encuentra en etapa de instrucción fiscal, por lo que la hipótesis presentada por el Ministerio Público deberá ser contrastada con las pruebas que se incorporen durante el juicio. La responsabilidad penal de los procesados será determinada por la autoridad judicial, respetando el principio de presunción de inocencia.