Una investigación de la Fiscalía General del Estado destapó una presunta red dedicada al tráfico ilícito de migrantes que, según las autoridades, ofrecía trasladar personas desde Ecuador hasta Estados Unidos a cambio de elevadas sumas de dinero.
Como resultado de las investigaciones, cuatro personas fueron procesadas por su presunta participación en este delito, entre ellas Jonathan Fernando R. T., policía en servicio activo.
En la audiencia de formulación de cargos, un juez dictó prisión preventiva para Milton Andrés S. N. y Segundo Vicente G. H., mientras que Dayana Lisseth S. P. y el uniformado recibieron medidas alternativas, entre ellas la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad judicial.
La instrucción fiscal se desarrollará durante 90 días.
Una víctima habría pagado USD 31.000
La investigación comenzó en septiembre de 2025, tras la denuncia presentada por una de las víctimas, y contó con la coordinación de la Unidad Nacional Contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Unat) y del Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos.
Según la Fiscalía, la organización ofrecía trasladar de manera irregular a ciudadanos ecuatorianos hacia Estados Unidos mediante rutas que atravesaban Colombia, El Salvador, México y la frontera sur estadounidense.
Como parte del esquema investigado, las personas debían realizar pagos parciales antes del viaje y cancelar el resto del dinero durante el trayecto.
En uno de los casos analizados por la Fiscalía, una víctima habría entregado aproximadamente 31.000 dólares para facilitar el traslado de tres personas.
Sin embargo, tras ingresar de manera irregular a territorio estadounidense, fueron detenidas por las autoridades migratorias y posteriormente deportadas a Ecuador.
Fiscalía expuso los elementos de convicción
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó informes investigativos, registros migratorios, documentación financiera y bancaria, versiones de víctimas y testigos, además de los resultados de diligencias especiales de investigación autorizadas judicialmente.
Entre estas constan seguimientos, vigilancias e interceptaciones de comunicaciones que, según la Fiscalía, permitieron identificar la presunta participación de los procesados en una estructura dedicada a facilitar la migración irregular con fines económicos.
El delito de tráfico ilícito de migrantes está tipificado en el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla penas de siete a diez años de prisión.