La Asamblea Nacional aprobó este martes la Ley Orgánica de Extradición, una normativa que moderniza el procedimiento vigente desde el año 2000 y establece nuevas reglas para tramitar las solicitudes de extradición entre Ecuador y otros países.
El proyecto fue respaldado con 139 votos y ahora deberá ser remitido al Ejecutivo, donde el presidente de la República podrá sancionarlo o presentar observaciones antes de su entrada en vigencia.
La nueva legislación desarrolla la reforma constitucional aprobada en la consulta popular de abril de 2024, que abrió la posibilidad de extraditar a ciudadanos ecuatorianos bajo determinadas condiciones legales.
Una ley adaptada a la reforma constitucional
Hasta antes de la consulta popular de 2024, la Constitución ecuatoriana prohibía la extradición de nacionales.
Con la reforma constitucional, esa restricción fue modificada y la nueva ley establece el procedimiento que deberá seguirse en estos casos.
La normativa precisa que la extradición solo podrá ejecutarse respetando lo establecido en la Constitución, los tratados internacionales suscritos por Ecuador y las disposiciones previstas en la nueva ley.
Además, regula tanto la extradición activa, cuando Ecuador solicita la entrega de una persona requerida por la justicia nacional, como la extradición pasiva, cuando otro Estado solicita que Ecuador entregue a una persona que se encuentra en su territorio.
Cambios en el procedimiento
Uno de los principales objetivos de la nueva legislación es reducir los tiempos de tramitación de los procesos de extradición.
Para ello, la norma reorganiza las competencias de las instituciones involucradas, definiendo con mayor claridad el papel de la Corte Nacional de Justicia, la Cancillería y la Presidencia de la República.
Asimismo, se establece una autoridad central encargada de coordinar los trámites entre las entidades nacionales y los países requirentes.
Según la Comisión de Justicia de la Asamblea, esta reorganización busca evitar que procesos que debían resolverse en aproximadamente dos años terminen prolongándose durante cuatro, cinco o incluso seis años.
Cambios en el COIP
La ley también incorpora una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Con esta modificación, el tiempo que una persona permanezca detenida en el extranjero mientras se tramita su extradición no será contabilizado dentro del plazo de caducidad de la prisión preventiva en Ecuador.
Esta disposición busca evitar que un proceso de extradición impida posteriormente la aplicación de medidas judiciales dentro del país.
La extradición no será automática
Pese a los cambios introducidos, la aprobación de la ley no significa que cualquier solicitud de extradición sea aceptada de manera inmediata.
Cada caso deberá iniciar con una solicitud formal presentada por el Estado requirente y posteriormente será analizado por las autoridades judiciales y diplomáticas competentes, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos legales y de los tratados internacionales aplicables.
El procedimiento mantiene el control judicial y contempla varias etapas antes de que exista una decisión definitiva sobre la entrega de una persona.
El Presidente podrá negar una extradición
Otro de los aspectos incorporados durante el debate legislativo establece que el Presidente de la República tendrá la facultad de negar una extradición cuando existan razones relacionadas con la seguridad nacional, el orden público o intereses esenciales del Estado.
Con esta aprobación, Ecuador actualiza una normativa que permaneció vigente durante más de dos décadas y adapta su legislación al nuevo marco constitucional aprobado por los ciudadanos en 2024.