Una madre de familia hizo pública, a través de un video difundido en redes sociales, una serie de cuestionamientos al manejo que un colegio, en Quito, dio a un presunto caso de violencia sexual entre estudiantes ocurrido fuera de las instalaciones de la institución.
En su testimonio, la mujer relata que su hija le contó haber sido víctima de un hecho de violencia luego de asistir a una reunión con compañeros del colegio. Según explicó, desde ese momento solicitó a las autoridades educativas la activación inmediata de los protocolos de protección para evitar que la adolescente continuara compartiendo espacios con el estudiante señalado.
La madre sostiene que la institución inicialmente condicionó la activación de medidas a la presentación de una denuncia formal y a la identificación de testigos, situación que —según su versión— retrasó la adopción de acciones de protección. También afirma que la separación total entre ambos estudiantes no se concretó de inmediato y que su hija continuó compartiendo una materia con el otro alumno durante varias semanas.
Además, aseguró que durante el proceso solicitó información sobre las actuaciones del plantel y cuestionó el acompañamiento psicológico brindado a su hija. En el video también expresa preocupación por un presunto hostigamiento a estudiantes que, según afirma, podrían haber sido testigos del caso.
La respuesta del colegio
Horas después de que el video comenzara a difundirse, el colegio emitió un comunicado oficial en el que rechazó toda forma de violencia y aseguró que la protección de niños, niñas y adolescentes constituye una prioridad institucional.
La institución señaló que los hechos denunciados habrían ocurrido fuera de sus instalaciones, pero indicó que activó el protocolo correspondiente y presentó el reporte ante las autoridades competentes, conforme a la normativa ecuatoriana.
El plantel añadió que el caso fue conocido, tramitado y resuelto por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, y sostuvo que actuó “en cumplimiento de sus obligaciones legales y en calidad de tercero de buena fe, sin que se le haya atribuido responsabilidad alguna”. También indicó que, por disposición legal, no puede pronunciarse sobre casos particulares que involucren a menores de edad.
Asimismo, informó que el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), junto con el Rectorado y la Dirección General, mantiene acompañamiento para los estudiantes y sus familias, y advirtió que emprenderá acciones legales contra quienes difundan información falsa o datos personales de menores de edad.
Un caso que sigue generando debate
Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento público sobre el estado de las investigaciones relacionadas con la denuncia mencionada por la madre.
Debido a que el caso involucra a personas menores de edad, sus identidades se mantienen en reserva, conforme a la legislación ecuatoriana.