La Asamblea Nacional debatirá este martes 7 de julio el proyecto de la nueva Ley de Extradición, una normativa que busca modernizar el sistema ecuatoriano para la entrega de personas requeridas por la justicia y reemplazar la legislación vigente desde el año 2000.
Según el informe que será sometido a segundo debate, la actual ley presenta vacíos legales y procedimientos poco claros que dificultan la cooperación internacional frente al crimen organizado transnacional.
Entre 2019 y marzo de 2024, Ecuador tramitó más de 200 solicitudes de extradición activa, pero solo 72 concluyeron con la entrega efectiva de la persona requerida, una cifra que evidencia las dificultades del sistema actual.
¿Qué cambiaría con la nueva ley?
Uno de los principales cambios es que la norma define con claridad a la autoridad central encargada de tramitar las extradiciones.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia será quien conozca el proceso, realice la audiencia correspondiente y determine si la extradición procede o no.
Sin embargo, la decisión final seguirá en manos del Presidente de la República, quien podrá negar la entrega por razones de soberanía, seguridad nacional, orden público o en aplicación del principio de reciprocidad.
Además, la propuesta establece que esa decisión presidencial no podrá ser impugnada mediante recursos ordinarios.
Cambios en la prisión preventiva
Otro de los aspectos más relevantes del proyecto es que el tiempo que una persona permanezca detenida en el extranjero mientras se tramita su extradición ya no contará para calcular la caducidad de la prisión preventiva en Ecuador.
Esto significa que el plazo de esa medida cautelar quedará suspendido hasta que la persona sea entregada a las autoridades ecuatorianas.
La reforma también fija límites para la prisión preventiva durante un proceso de extradición: hasta seis meses cuando el delito tenga una pena máxima de cinco años y un año cuando la sanción supere ese tiempo.
Nuevas reglas para conceder o negar una extradición
La iniciativa reorganiza los procedimientos de extradición activa, cuando Ecuador solicita la entrega de una persona a otro país, y de extradición pasiva, cuando es otro Estado el que solicita la entrega de un ciudadano que se encuentra en territorio ecuatoriano.
Asimismo, incorpora un catálogo de causales para negar la extradición, entre ellas cuando exista riesgo de tortura, pena de muerte, persecución por motivos discriminatorios, procesos ante tribunales de excepción, reconocimiento de asilo o cuando la persona requerida sea menor de 18 años.
En cambio, aclara que los delitos de terrorismo, los atentados contra jefes de Estado y determinados delitos comunes cometidos con fines políticos no serán considerados delitos políticos para impedir una extradición.
¿Qué pasará con los ecuatorianos?
El proyecto también desarrolla la reforma constitucional aprobada en la consulta popular de 2024.
La propuesta establece que los ciudadanos ecuatorianos no podrán ser extraditados por delitos presuntamente cometidos antes del 9 de mayo de 2024, fecha en la que entró en vigencia la reforma constitucional que habilitó la extradición de nacionales.
Finalmente, la iniciativa dispone que la Corte Nacional de Justicia cree una unidad técnica especializada en procesos de extradición, con el objetivo de agilizar los trámites y fortalecer la cooperación judicial internacional.