Mientras avanzan las diligencias judiciales por la detención del alcalde de Machala, Darío Javier Macas Salvatierra, el ministro del Interior, John Reimberg, lanzó una advertencia sobre posibles intentos de interferir en el proceso.
Durante una rueda de prensa ofrecida este lunes en Machala, el funcionario aseguró que los organismos de inteligencia recibieron información sobre presuntos acercamientos a operadores de justicia con el objetivo de obtener medidas sustitutivas para los procesados.
«Sabemos que quieren llegar a jueces y fiscales, que buscan medidas sustitutivas, que están consiguiendo recetas médicas y hasta quieren ofrecer dinero“, afirmó Reimberg.
Inteligencia vigilará el proceso judicial
Ante ese escenario, el ministro informó que dispuso el despliegue de equipos de inteligencia en las dependencias donde se desarrollará el proceso judicial.
Según explicó, el objetivo es detectar cualquier intento de soborno o presión sobre los funcionarios encargados del caso.
«Hemos dispuesto a los grupos de inteligencia que se desplieguen y que, en el momento en que eso suceda, sea detenido quien quiera coimar y quien pretenda recibir la coima“, sostuvo.
“Los ecuatorianos se cansaron de la corrupción”
Reimberg insistió en que el Gobierno mantendrá una política de “cero tolerancia” frente a los actos de corrupción y señaló que la ciudadanía exige que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias.
«Los ecuatorianos se cansaron de la corrupción y también de que la justicia no acompañe lo que hoy exige la ciudadanía“, manifestó.
El ministro agregó que espera que el proceso judicial se desarrolle conforme a la ley y que la decisión sobre la situación jurídica de los detenidos quede exclusivamente en manos de las autoridades competentes.
El caso
La Fiscalía General del Estado investiga al alcalde de Machala, a su esposa y a una tercera persona por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con la institución, la investigación apunta a un supuesto incremento patrimonial injustificado cercano a USD 6 millones entre 2019 y 2025.
La situación jurídica de los tres detenidos será resuelta por un juez en la audiencia correspondiente.