Una mujer identificada como Casey Webb, de 45 años, fue condenada en el Reino Unido tras comprobarse que obtuvo de forma fraudulenta más de 120.000 libras esterlinas en subsidios estatales, aproximadamente 150.000 dólares, durante un periodo cercano a 14 años. Pese a la magnitud del caso, evitó ingresar a prisión luego de su declaración ante la justicia.
Un fraude sostenido durante más de una década
De acuerdo con la investigación del Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido (DWP), Webb presentó documentación falsa entre noviembre de 2011 y marzo de 2025 para acceder a beneficios económicos a los que no tenía derecho.
La mujer aseguró que vivía en un anexo independiente dentro de la propiedad de sus padres y entregó contratos de arrendamiento y recibos de pago que luego fueron considerados falsificados.
Sin embargo, las autoridades determinaron que no existían pruebas de esos pagos y el propio propietario del inmueble confirmó que los documentos eran falsos.

Como resultado de esta maniobra, Casey Webb recibió 108.937 libras esterlinas en subsidios de vivienda y 11.238 libras adicionales a través del programa Universal Credit. En total, el fraude superó las 120.000 libras esterlinas, equivalentes a más de 150.000 dólares.
Evitó la cárcel tras su declaración
Durante el juicio en el Tribunal de la Corona de Colchester, la defensa reconoció que Webb no tenía derecho a los beneficios, aunque aseguró que el dinero no fue utilizado para una vida de lujo.
El abogado de la acusada sostuvo que los fondos habrían sido destinados principalmente a la crianza de sus hijos y a gastos cotidianos.
“Tal vez hubo gastos ocasionales como cine o comida a domicilio, pero no hay evidencia de lujos”, argumentó la defensa, citada por medios internacionales.

Tras inicialmente negar los cargos, Casey Webb cambió su versión y aceptó su responsabilidad en el fraude.
“Puede que no sea consciente de lo cerca que estuvo de atravesar esa puerta hacia la prisión”, señaló el fiscal.
Como parte de la sentencia, la justicia británica le impuso:
- 32 meses de prisión suspendida por tres años.
- 250 horas de trabajo comunitario.
- 30 días de actividades obligatorias de rehabilitación.
Esto significa que no ingresará a prisión a menos que incumpla las condiciones impuestas por el tribunal.
