La investigación por presunta delincuencia organizada que derivó en la detención de la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, continúa revelando nuevos detalles. Este jueves, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que la funcionaria sería la presunta líder de una estructura dedicada a gestionar de forma irregular trámites de tránsito en varios cantones de Manabí.
Según el funcionario, la red estaba conformada por servidores de las entidades de tránsito de Jipijapa, Bolívar (Calceta) y San Vicente, además de tramitadores externos que, presuntamente, cobraban entre USD 100 y USD 150 por agilizar procesos y evadir requisitos legales y técnicos.
“La estructura estaba integrada por funcionarios de entidades de tránsito de Jipijapa, Bolívar (Calceta) y San Vicente, además de tramitadores externos, quienes presuntamente cobraban entre 100 y 150 dólares por trámite para evadir requisitos legales y técnicos”, escribió Reimberg en su cuenta de X.
Así funcionaba el presunto esquema
El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, explicó que la organización habría desarrollado un mecanismo para obligar a los usuarios a recurrir a intermediarios.
Según indicó, el grupo colapsaba el sistema de turnos y, cuando los ciudadanos acudían a las oficinas de tránsito, se les informaba que el sistema estaba fuera de servicio. Ante esa situación, los tramitadores ofrecían gestionar los documentos a cambio de dinero.
Más de USD 5 millones en perjuicio al Estado
El ministro del Interior aseguró que las actividades de esta presunta organización habrían ocasionado un perjuicio superior a USD 5 millones al Estado.
Además, señaló que durante la investigación se detectaron movimientos financieros por más de USD 2,6 millones que, presuntamente, no guardarían relación con los ingresos declarados por la alcaldesa Ángela Plúa, considerada la principal investigada.
Allanamientos en tres cantones
Como parte del operativo, las autoridades allanaron 13 viviendas, además de las oficinas de la Alcaldía de Jipijapa, la Autoridad de Tránsito y Movilidad del cantón, el Centro de Revisión Vehicular de Calceta y el Centro de Revisión Vehicular de San Vicente.
Entre los 13 detenidos figuran funcionarios y exfuncionarios de entidades de tránsito, así como personas externas que presuntamente ofrecían estos servicios de manera irregular.
Las investigaciones continúan y la Fiscalía deberá determinar la responsabilidad de cada uno de los procesados dentro del caso.