El Tribunal de Garantías Penales sentenció a Steeven Joel P., exprofesor de educación física de un colegio privado de Sangolquí, a 17 años y 4 meses de prisión por el abuso sexual cometido contra tres niños, quienes cursaban educación inicial en un plantel del Valle de los Chillos.
La resolución fue emitida el 6 de octubre de 2025. Según la Fiscalía, el exdocente aprovechaba su rol para aislar a los menores y cometer los abusos dentro de las instalaciones educativas.
“Las versiones son desgarradoras, niños de 5 y 6 años contaron que el profesor los tocaba y los amenazaba con no dejarles jugar fútbol”, relató una madre a Ecuavisa.
El colegio deberá pedir disculpas públicas
Como parte de la reparación integral, el Tribunal dispuso que el colegio ofrezca disculpas públicas a las familias afectadas por “faltar a su deber de cuidado por negligencia”.
Los padres de los niños víctimas difundieron un comunicado en el que exigen que la institución asuma su responsabilidad y que se investiguen todos los casos pendientes.
“No descansaremos hasta tener sentencias condenatorias ejemplares. Nos preguntamos: ¿qué acciones se tomarán en contra de la jueza Mayra Vinces, quien sustituyó la prisión preventiva por grillete electrónico?”, cuestionan en el documento.
El sentenciado sigue en libertad
A pesar de la condena, Steeven Joel P. se mantiene en libertad debido a que la sentencia aún no está ejecutoriada y una jueza le dio medidas sustitutivas a la prisión preventiva, que incluyen presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico. La defensa podrá interponer apelación y casación, lo que extiende el proceso judicial.
El abogado Freddy Mayorga, representante de las familias, advirtió que el exprofesor enfrenta otros procesos penales por denuncias de abuso sexual a más de 20 menores.
“Esta decisión deja un mensaje peligroso: que un agresor confeso puede seguir libre mientras el proceso continúa”, declaró Mayorga.
Un llamado a la protección infantil y la responsabilidad institucional
El caso reabre el debate sobre la negligencia educativa y la impunidad judicial en delitos sexuales contra menores. Colectivos sociales y organizaciones de defensa infantil piden reformas urgentes para prevenir estos abusos y fortalecer la vigilancia en las instituciones.
Las familias, mientras tanto, mantienen su voz firme:
“Buscamos que se escuche a nuestros hijos y que el colegio asuma su responsabilidad. ¡No más silencio ante los abusos!”