El presidente de la República, Daniel Noboa, resaltó este martes 9 de septiembre el operativo ejecutado contra los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las extintas FARC, en el marco de la lucha contra el crimen organizado que vive Ecuador desde enero de 2024, cuando el Gobierno declaró al país en conflicto armado interno.
“Esto es por lo que nos levantamos todos los días, para combatir a estos terroristas, mientras otros se levantan a entrevistar a Maduro”, expresó Noboa en alusión a sectores políticos que han criticado su estrategia de seguridad.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que en total se incautaron 103 bienes tras 68 allanamientos en nueve provincias, en un operativo que movilizó a 600 policías y 94 agentes de la Fiscalía General del Estado. Entre los bienes se encuentran inmuebles, vehículos, dinero en efectivo, cajas fuertes, municiones y documentos relacionados con el presunto lavado de activos.
Provincias involucradas y detenciones
Las acciones judiciales abarcaron territorios estratégicos como Orellana, Sucumbíos, Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha. La Fiscalía indicó que, en el marco del caso denominado Comandos de la Frontera, se ejecutaron cinco órdenes de detención en cárceles de Tungurahua, Cotopaxi y Santo Domingo, además de Guayas, contra Kerly A., Carlos A., José M., Juan Ch. y Aldair O.
Golpe millonario al crimen organizado
Según el Ministerio del Interior, las estructuras criminales afectadas movían alrededor de 313 millones de dólares, convirtiendo esta acción en “el golpe más grande contra el crimen organizado en Ecuador”.
Reimberg señaló que la operación busca desmantelar las redes económicas y logísticas de los Comandos de la Frontera, quienes operaban en la frontera norte del país en coordinación con organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Contexto de seguridad en Ecuador
Noboa ha catalogado a estas agrupaciones como “terroristas” en el marco del conflicto interno, lo que ha permitido a las Fuerzas Armadas y la Policía ejecutar acciones excepcionales contra las bandas criminales. Desde enero de 2024, el Ejecutivo ha intensificado los operativos de seguridad en zonas fronterizas, puertos y centros penitenciarios.
La Fiscalía y el Gobierno ratificaron que las investigaciones por lavado de activos y vínculos con el crimen organizado continúan abiertas.