La Fiscalía General del Estado logró una sentencia condenatoria de 10 años de privación de libertad contra Rigo Humberto E. P., declarado culpable del delito de homicidio, tras los hechos registrados el 2 de noviembre de 2024 en una vivienda de Ambato, provincia de Tungurahua.
El fallo fue emitido de forma unánime por el Tribunal de Garantías Penales, que además dispuso una reparación integral a favor de los familiares de la víctima, cuyo monto será notificado por escrito en la sentencia definitiva.
Una discusión por drogas terminó en homicidio
De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en una residencia ubicada en la capital tungurahuense. Fue el administrador del inmueble quien reportó la alerta, tras encontrar el cuerpo de un hombre sin vida, tendido boca arriba sobre el piso y con evidentes signos de violencia.
Durante la inspección, los agentes de la Policía Nacional hallaron a otra persona herida dentro del mismo inmueble. Esta declaró que él y la víctima fueron agredidos por Rigo Humberto E. P., quien los atacó con golpes y un cuchillo, luego de una discusión originada por la pérdida de sustancias sujetas a fiscalización.
Según el parte, el agresor primero ingresó a la habitación de la víctima y lo atacó brutalmente. Luego, se dirigió a otro cuarto donde agredió a más personas.
Evidencia clave y pruebas forenses
Durante el allanamiento a la habitación del ahora sentenciado, los agentes hallaron manchas de sangre en el piso, un par de zapatillas ensangrentadas y otros indicios que sustentaron el inicio del proceso penal.
Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía presentó varias pruebas contundentes:
- Informe de autopsia médico-legal, que determinó la causa de muerte como traumatismo craneoencefálico.
- Pericia de la escena del crimen practicada por Criminalística.
- Hisopados con presencia de sangre humana, compatibles con la víctima.
- Informe genético forense.
- Reconocimiento fotográfico del agresor por parte de un testigo directo.
- Testimonios de policías aprehensores y del médico legista que examinó al herido.
El caso fue procesado bajo el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de homicidio con penas de entre 10 a 13 años de prisión.