13 noviembre 2026
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Deportado y capturado otra vez: el crimen del colombiano que volvió a Ecuador en 11 días

Supuestamente, los presos colombianos deportados desde Ecuador, no podían volver a ingresar al país en 40 años.


Un ciudadano colombiano que había sido deportado de Ecuador el pasado 26 de julio de 2025 fue recapturado en el Centro Histórico de Quito, según informó la Policía Nacional este miércoles 6 de agosto.

La detención se dio durante un operativo de control migratorio, donde se confirmó que el hombre reingresó al país de manera ilegal.

Tenía prohibido regresar a Ecuador por 40 años

El individuo, cuyo nombre no ha sido revelado, tenía una prohibición legal de ingresar a Ecuador durante 40 años, de acuerdo con una medida impuesta por el gobierno del presidente Daniel Noboa. A tan solo 11 días de su deportación, ya se encontraba nuevamente en territorio ecuatoriano.

La Policía lo acusó del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, al violar la restricción impuesta tras su expulsión.

Antecedentes por tráfico de drogas

Antes de su deportación, el hombre estuvo recluido en la cárcel de El Inca, tras ser sentenciado por tráfico de drogas. Durante el proceso judicial, confesó haber utilizado pasos irregulares para transportar sustancias ilícitas hacia el país.

Fue expulsado por el Puente Internacional de Rumichaca, junto con otros reclusos, como parte del plan estatal para reducir la población carcelaria extranjera.

Plan de deportación de presos colombianos

El Gobierno ecuatoriano ha anunciado que más de mil ciudadanos colombianos serán deportados de las cárceles del país en los próximos meses. Según el ministro del Interior, John Reimberg, esta medida representa un ahorro de aproximadamente cuatro millones de dólares anuales en costos penitenciarios.

Rechazo por parte del gobierno colombiano

El proceso de deportación ha generado tensiones diplomáticas. El Gobierno de Colombia expresó su rechazo, señalando que la medida se ha llevado a cabo sin un acuerdo bilateral formal, lo que complica la cooperación regional en materia migratoria y judicial.


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