Desde el 1 hasta el 31 de agosto de 2025, los servidores públicos ecuatorianos que ostenten cargos de nivel jerárquico superior y sean considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP) deberán presentar una nueva declaración patrimonial jurada ante la Contraloría General del Estado (CGE), conforme a la reforma legal vigente.
Este requisito responde a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, que modifica el régimen actual de control patrimonial.
¿Qué deben declarar los servidores públicos PEP?
Los funcionarios deberán reportar electrónicamente la siguiente información:
- Cargos o funciones actuales fuera de la función pública (remunerados o no, en Ecuador o en el exterior).
- Ingresos adicionales al salario público, detallando origen, tipo y valor.
- Remuneración por el cargo que ejercen.
- Sociedades, fideicomisos, bienes o estructuras jurídicas en las que el funcionario, su cónyuge o hijos menores sean beneficiarios finales.
- Derechos de representación otorgados o adquiridos.
¿Quiénes son considerados PEP?
Según el reglamento emitido mediante Acuerdo No. 031-CG-2025 por el contralor Mauricio Torres, se incluyen:
- Autoridades de elección popular.
- Funcionarios jerárquicos desde el grado 5 al 10.
- Gerentes, subgerentes y asesores de empresas públicas.
- Militares y policías desde el rango de teniente coronel.
- Alcaldes, vicealcaldes, concejales, prefectos, viceprefectos, gobernadores e intendentes.
- Diplomáticos, embajadores, cónsules y representantes del Estado.
- Magistrados, jueces, fiscales, vocales y funcionarios del Consejo de la Judicatura.
- Asambleístas y sus suplentes.
La lista completa y guía oficial puede consultarse en el sitio web de la UAFE.
Obligación verificable y sancionable
La Contraloría General verificará el cumplimiento de esta obligación. El trámite es gratuito, digital y debe realizarse a través de la web oficial de la CGE. En caso de omisión o falsedad, el incumplimiento será considerado falta grave, con sanciones según la Ley Orgánica de Servicio Público.
Este nuevo marco busca fortalecer la transparencia en la administración pública y cerrar espacios a posibles conflictos de interés o lavado de activos.