El Ministerio de Educación inició una investigación formal tras una grave denuncia que involucra a funcionarios de un distrito educativo en Guayaquil, acusados de supuestamente participar en una red de cobros ilegales vinculados al servicio de transporte escolar.
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La denuncia fue difundida por la periodista Karen Minda, quien a través de su cuenta en la red social X, expuso un presunto esquema de corrupción. “En el gran reparto llevan todos… un dólar para la rectora, dos para el comité, tres para el distrito”, escribió la comunicadora, en referencia a un audio que habría captado las voces de implicados negociando pagos ilícitos con representantes del transporte escolar en varios planteles educativos de la ciudad.
El Ministerio de Educación responde a la denuncia
Ante la repercusión del caso, la ministra de Educación, Alegría Crespo, ordenó el inicio inmediato de una investigación interna para verificar la veracidad de los hechos. Según Crespo, los funcionarios señalados deberán presentar sus descargos formales, mientras se evalúa la existencia de responsabilidades administrativas o penales.
El caso ya está siendo revisado por las áreas técnicas de la Subsecretaría de Educación de la Zona 8, que está ejecutando una auditoría detallada del sistema de transporte escolar en el establecimiento involucrado. A su vez, el departamento jurídico de la Subsecretaría del Distrito de Guayaquil determinará las acciones legales que podrían derivarse de esta denuncia.
Sanciones para quienes vulneren el sistema educativo
La ministra Crespo fue enfática al señalar que este tipo de conductas no serán toleradas. “Se investigará a fondo y se sancionará a quienes atenten contra la integridad del sistema educativo”, declaró. Además, recalcó la necesidad de mantener la transparencia y la confianza en el sector público, especialmente en áreas sensibles como la educación.
Por ahora, no se han revelado los nombres de los funcionarios implicados, ni del plantel afectado, ya que la investigación sigue en curso. Sin embargo, el caso ha generado preocupación ciudadana sobre posibles actos de corrupción sistemática en instituciones educativas del país.