Tres familias de Guayaquil enfrentan una angustiante incertidumbre luego de que cuatro menores desaparecieran el pasado 8 de diciembre de 2024 tras ser subidos a una patrulla militar. Desde ese día, no se tiene información sobre el paradero de Steven Medina (11 años), Josué Arroyo (14 años), Nehemías Arboleda (15 años) e Ismael Arroyo (15 años).
Una jueza declara desaparición forzada
El 24 de diciembre, una jueza calificó el caso de los menores como desaparición forzada. Al día siguiente, el 25 de diciembre, se encontraron varios cuerpos en la parroquia de Taura, cantón Naranjal. Según las declaraciones de los uniformados que participaron en el operativo, los pequeños fueron abandonados en ese lugar.
En Navidad, los familiares de Steven, Josué, Nehemías e Ismael se trasladaron a la morgue de Guayaquil para tratar de identificar los cuerpos. Sin embargo, debido a las condiciones en las que fueron hallados —con signos de violencia y parcialmente incinerados—, no fue posible realizar una identificación inmediata.
¿Cómo se determinará la identidad de los cuerpos?
Fernando Bastidas, abogado de derechos humanos que asiste a las familias, informó a Metro Ecuador que este lunes 30 de diciembre se confirmará si es necesario recurrir a pruebas de ADN para la identificación. Las pruebas de ADN, en caso de ser requeridas, tienen una duración de 40 días.
La complejidad del reconocimiento forense
Los cuerpos encontrados estaban en estado de descomposición y con partes incineradas. Una fuente policial en reserva explicó a Metro Ecuador que, en casos de incineración, las huellas digitales suelen destruirse primero, lo que dificulta su recuperación.
Como parte del proceso, los peritos realizan pruebas de antropología para identificar rasgos únicos como operaciones previas, fracturas o señas particulares en los restos. Si estas pruebas no son concluyentes, se recurre al ADN. El tiempo requerido para obtener resultados podría reducirse si se dispone de equipos avanzados, valorados en más de USD 2 millones, los cuales deberían ser importados.
La decisión de agilizar el proceso depende del Estado, mientras las familias de Guayaquil continúan esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.