El Salvador sigue en alza. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró este martes lo que será la prisión más grande en América. Sin permitir el acceso a la prensa, Bukele dio por inaugurado el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que tendría capacidad para 40.000 pandilleros y cuya construcción comenzó en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo.
En una cadena nacional de medios de comunicación, el Gobierno de Bukele divulgó un video en el que se muestra al mandatario realizando un recorrido por la prisión junto un grupo de funcionarios.
Según informó la Agencia EFE un enlace de prensa de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, esta visita era la inauguración de la prisión.
El pasado 21 de julio, el mandatario afirmó en un mensaje en Twitter que esta cárcel “tendrá espacio para 40.000 terroristas, quienes estarán incomunicados del mundo exterior”, sin que se conozca el costo de la obra.
Por su parte, el Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, aseguró al presidente que esta “se constituiría en la cárcel más grande de toda América” y que “sería imposible que salga un reo” del recinto, que tiene 23 hectáreas de construcción.
El ministro de la Defensa, René Merino, y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, indicaron al mandatario salvadoreño que la cárcel estará resguardada por 600 soldados y 250 policías.
Según ha informado la Presidencia, el centro penitenciario se construyó en terrenos “propiedad del Estado” en el municipio de Tecoluca, en el central departamento de San Vicente, y “funcionará alejado de las zonas urbanas”.
Sin embargo, para la oposición del Gobierno de Bukele, esta construcción fue vista negativamente, ya que faltó transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
La organización Cristosal presentó a mediados de enero una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que declare inconstitucional una serie de leyes que “favorecen la corrupción”, como la Ley Especial para la Construcción de Centros Penales Bajo el régimen de excepción, aprobada en el Congreso en marzo de 2022 tras una escalada de homicidios.