En medio de los anuncios de una posible paralización del transporte, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) recordó a los operadores que la suspensión injustificada del servicio público de transporte terrestre constituye una infracción muy grave, por lo que puede dar paso a procedimientos administrativos y sanciones.
A través de un comunicado, la entidad señaló que la prestación del servicio solo puede suspenderse en casos de fuerza mayor, caso fortuito o por disposición de la autoridad competente, conforme a la normativa que regula los contratos de operación.
¿Qué puede pasar si se paraliza el servicio?
La ANT indicó que, de comprobarse una suspensión injustificada, iniciará los procesos administrativos correspondientes para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en la ley, garantizando el derecho a la defensa de los operadores.
Además, recordó que, cuando una paralización afecte el interés público o el orden establecido, la autoridad competente podrá disponer medidas para restablecer la movilidad, entre ellas la suspensión de rutas o unidades y la reevaluación de conductores, de acuerdo con la gravedad de cada caso.
Ministerio de Gobierno recuerda lo que establece la ley
El Ministerio de Gobierno también se pronunció sobre una eventual paralización del transporte y recordó que la Constitución, en su artículo 326, prohíbe la interrupción de los servicios públicos.
Asimismo, señaló que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones para quienes interrumpan ilegalmente estos servicios o no denuncien este tipo de hechos, de conformidad con la normativa vigente.
La ANT reiteró que el transporte público es un servicio esencial y aseguró que continuará vigilando el cumplimiento de las obligaciones de los operadores para garantizar la movilidad de los ciudadanos.