La Fiscalía General del Estado (FGE) expresó su preocupación y su rechazo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), ante el intento de desnaturalizar el sistema de justicia penal del Ecuador, a través de la inclusión de figuras que provocarán la impunidad en causas penales que cuentan ya con sentencias condenatorias ejecutoriadas.
“El propósito de incluir como causal del recurso de revisión un nuevo análisis sobre vicios procesales y pronunciamientos de comités de Derechos Humanos (que no tienen la misma validez que una decisión de la Corte IDH), no solo va en contra del sentido y finalidad misma de este recurso, sino que -además- irrespeta la institución de cosa juzgada, cuya decisión únicamente admite reforma en circunstancias excepcionalísimas, pues si banalizamos su procedencia, todo el sistema de justicia y sus decisiones perderían valor, abriendo la posibilidad a que todo delincuente con sentencia condenatoria ejecutoriada sea puesto en libertad”, explica el comunicado de la cartera de Estado.
Según la Fiscalía, dicha reforma no es la única que generará lagunas de impunidad. También se pretende obligar a la Fiscalía a archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito, para sancionar a los titulares de las acciones penales públicas, sin tomar en cuenta que existen investigaciones que implican un tiempo mayor a uno o dos años, y olvidando que el artículo 195 de la Constitución de la República otorga la titularidad de la acción penal pública únicamente a esta Institución.
La cartera de Estado mencionó también el atentado contra la seguridad jurídica que se encuentra presente en todo el proyecto de reforma que se pretende incluir la imprescriptibilidad de ciertos delitos sin análisis ni estudios político-criminales previos que avalen su imposición, inobservando el principio de proporcionalidad contenido en el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador.
“Queda claro que las propuestas deben cumplir con los principios de la política criminal y no responder a intereses políticos. Por lo tanto, se debería legislar de conformidad con la doctrina internacional y en virtud del desarrollo progresivo de los derechos reconocidos en la Constitución y el Sistema Acusatorio Penal vigentes en el Ecuador: una propuesta irracional crea escenarios de litigio sin fundamento e instancias que pueden dar lugar a escenarios de impunidad”, finalizó en su comunicado la Fiscalía.