Nuevos detalles fueron revelados por la Policía Nacional sobre la persecución que terminó con la muerte de un hombre la noche del domingo en el sector de Pomasqui, en el norte de Quito, tras el robo de una motocicleta.
El mayor John David Mosquera, jefe operativo del Distrito La Delicia, explicó que el operativo comenzó luego de que el propietario del vehículo robado alertara que la motocicleta contaba con un sistema de geolocalización (GPS), lo que permitió ubicarla mientras era conducida por el sospechoso.
El GPS permitió localizar la motocicleta
Según el oficial, una vez obtenida la ubicación del vehículo, varias unidades policiales coordinaron un operativo para interceptarlo.
La persecución se desarrolló hasta el sector de Pomasqui, donde los uniformados intentaron detener al conductor.
Policía sostiene que existió una amenaza
Durante la intervención, Mosquera señaló que el sospechoso apuntó con un arma hacia los servidores policiales.
Aunque posteriormente las pericias determinaron que el objeto era un arma de juguete, el oficial indicó que esa circunstancia solo pudo establecerse después de que Criminalística procesó la escena.
“Tuvo la intención de hacerlo con el arma que fue verificada en ese momento”, respondió el oficial al ser consultado sobre si el sospechoso llegó a disparar.
Según la Policía, esa amenaza motivó que una servidora policial aplicara el uso legítimo y diferenciado de la fuerza, conforme a los protocolos institucionales.
El arma era de juguete
Tras asegurar la escena, Criminalística levantó como indicio un arma que inicialmente fue considerada de fuego.
Sin embargo, las primeras pericias establecieron que se trataba de un arma de juguete, informó la Policía.
No registraba antecedentes penales
El fallecido fue identificado como Alex O., de 31 años.
El mayor Mosquera indicó que el ciudadano no registraba antecedentes penales. No obstante, agregó que las primeras investigaciones sobre su entorno familiar apuntarían a presuntas relaciones con personas investigadas por distintos delitos. Esa información forma parte de las indagaciones en curso y no constituye una determinación de responsabilidad penal.
La Fiscalía y las unidades especializadas continúan con las diligencias para establecer todas las circunstancias de la intervención policial y verificar la aplicación de los protocolos sobre uso legítimo de la fuerza.