Con el objetivo de proteger el medio ambiente, el Gobierno Nacional resolvió suspender la minería en la provincia de Napo y restringir actividades en El Oro y Loja, como parte de una estrategia para frenar la extracción ilícita de minerales y mitigar sus efectos sobre ríos, bosques y ecosistemas vulnerables.
La resolución, emitida este 2 de febrero por el Ministerio de Ambiente y Energía, se basa en informes técnicos que alertan sobre daños ambientales en zonas estratégicas de la Amazonía y el sur del Ecuador, donde la minería ilegal ha provocado afectaciones directas a fuentes hídricas y áreas de alta biodiversidad.
“La minería ilegal es una amenaza directa contra nuestros ríos, bosques y la vida de las comunidades”, afirmó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano Díaz.
Restricciones mineras
El documento oficial dispone la suspensión total de las actividades mineras en Napo, mientras que en las provincias de El Oro y Loja se establecen restricciones a las operaciones en plantas de beneficio, con el propósito de evitar prácticas irregulares que profundicen el deterioro ambiental.
La medida se sustenta en los principios de precaución y prevención ambiental, así como en la obligación del Estado de garantizar los derechos de la naturaleza, el acceso al agua y la salud de las comunidades asentadas en las zonas de influencia minera, ha enfatizado la ministra.
Controles y acciones
La decisión se complementa con la activación de controles, inspecciones y operativos en territorio, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y con el apoyo de la fuerza pública, para frenar la minería ilegal y evitar nuevos daños ambientales.
En paralelo, las direcciones zonales del Ministerio de Ambiente iniciarán procesos administrativos contra operadores que incumplan la normativa ambiental y de recursos hídricos vigente, con el objetivo de contener el avance del impacto ecológico sobre ríos, suelos y comunidades.