La investigación por el asesinato de Santiago Ávalos, gerente Administrativo Financiero de una universidad privada, avanza con la formulación de cargos contra cinco personas.
Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado presentó la teoría del caso, detalló el presunto rol de cada uno de los procesados y expuso los elementos de convicción que sustentan la investigación.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2026, cuando Ávalos fue atacado con arma de fuego mientras conducía hacia su domicilio luego de cumplir su jornada laboral.
Fiscalía identifica el presunto rol de los investigados
De acuerdo con el Ministerio Público, Galo O., quien se desempeñaba como director de Operaciones, es investigado como presunto autor mediato del delito de asesinato.
En tanto, María del Carmen S., funcionaria de la misma dirección, y Josselyn Lisbeth V. fueron procesadas como presuntas coautoras.
Por su parte, Juan Pablo G. y Juan Carlos G. enfrentan el proceso penal en calidad de presuntos cómplices.
Además, un adolescente permanece bajo investigación en un proceso independiente por su presunta participación como autor material de los disparos, debido a que al momento de los hechos era menor de edad.
La teoría del caso presentada por la Fiscalía
Durante la audiencia, la fiscal explicó que la investigación se sustenta en videos de cámaras de seguridad, análisis telefónicos, registros de plataforma de taxi, inspecciones técnicas, fotografías y versiones recopiladas durante las diligencias investigativas.
Según el Ministerio Público, estos elementos permitirían establecer que existió un seguimiento previo a Santiago Ávalos y una presunta planificación del ataque.
La Fiscalía sostiene que María del Carmen S. habría fotografiado a la víctima dentro del campus universitario el mismo día del crimen y que, un día antes, ella y Galo O. habrían tomado imágenes del vehículo que utilizaba el gerente financiero.
Asimismo, la institución afirmó que Galo O. presuntamente solicitó a Juan Pablo G. y Juan Carlos G. realizar vigilancia sobre el automóvil de Ávalos e informar el momento en que abandonara las instalaciones universitarias.
Medidas cautelares
Tras analizar los argumentos expuestos durante la audiencia, el juez acogió parcialmente el pedido de la Fiscalía.
Galo O., María del Carmen S. y Josselyn Lisbeth V. cumplirán prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.
En cambio, Juan Pablo G. y Juan Carlos G. enfrentarán el proceso en libertad, con la obligación de presentarse tres veces por semana ante la Fiscalía y con prohibición de salida del país.
El magistrado también dispuso que la instrucción fiscal tenga una duración de 90 días, periodo en el que el Ministerio Público continuará recopilando elementos de convicción.
Las defensas cuestionan la investigación
Los abogados de los procesados rechazaron la teoría presentada por la Fiscalía.
La defensa de Galo O. sostuvo que no existen pruebas que vinculen directamente a su cliente con el adolescente investigado como presunto autor material del crimen, y afirmó que durante la audiencia no se presentaron registros de pagos, mensajes, llamadas telefónicas ni el arma de fuego que, a su criterio, demuestren esa relación.
Por su parte, las defensas de María del Carmen S. y Josselyn V. argumentaron que la Fiscalía basa parte de su hipótesis en supuestas fotografías cuya finalidad no ha sido acreditada.
Mientras tanto, los abogados de Juan Pablo G. y Juan Carlos G. señalaron que el hecho de que sus defendidos trabajaran en la universidad no constituye una prueba de participación en el asesinato.
La investigación continuará durante tres meses
Con la formulación de cargos, el caso entra en la etapa de instrucción fiscal, durante la cual la Fiscalía buscará fortalecer los indicios presentados ante el juez.
Al mismo tiempo, las defensas podrán presentar pruebas de descargo antes de que el proceso avance hacia una eventual audiencia preparatoria de juicio.