La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la sentencia de un año, nueve meses y diez días de prisión contra los servidores policiales Edisson Javier P. T. y Alejandro Paúl A. A., hallados responsables del delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.
La decisión fue emitida este 24 de junio de 2026, luego de que el Tribunal rechazara los argumentos presentados por la defensa y acogiera la fundamentación expuesta por Fiscalía durante la audiencia de apelación.
Además de la pena privativa de libertad, la Corte confirmó el pago de 15.000 dólares como reparación integral para la víctima, una mujer que resultó herida de bala durante un operativo policial ejecutado en noviembre de 2023 en el sector de Guajaló, en el sur de Quito.
La persecución que terminó con una mujer herida
Los hechos ocurrieron la noche del 23 de noviembre de 2023. Según la investigación, policías vestidos de civil y encapuchados, junto con otros uniformados, iniciaron la persecución de un vehículo blanco en el marco de un operativo relacionado con un presunto robo y secuestro.
Dentro del automóvil viajaban una mujer, su cuñada, dos menores de edad y un joven familiar. Todos regresaban a sus domicilios luego de asistir a actividades vinculadas a su iglesia.
De acuerdo con los testimonios recopilados durante el proceso, los ocupantes del vehículo escucharon gritos e insultos provenientes de las camionetas que los seguían. Al no identificar a quienes los perseguían y creer que podían ser víctimas de un secuestro, decidieron continuar la marcha mientras intentaban comunicarse con el ECU 9-1-1.
Tras aproximadamente treinta minutos de persecución, el vehículo se detuvo al observar un patrullero cerca de la vivienda de la familia. Sin embargo, fueron interceptados por las camionetas que los seguían.
La investigación determinó que los agentes descendieron de los vehículos sin identificarse y apuntaron con armas de fuego contra los ocupantes. Durante la intervención se realizaron varios disparos.
Uno de los jóvenes fue sacado por la fuerza para verificar si correspondía a una persona que era buscada por los uniformados. Tras confirmar que no se trataba del sospechoso, fue liberado.
Minutos después, los familiares descubrieron que una mujer de 39 años había recibido impactos de bala en la espalda y en una pierna mientras protegía a su hija menor de edad dentro del vehículo.
Corte descarta uso legítimo de la fuerza
En su resolución, la Sala Penal concluyó que durante el juicio no se demostró la existencia de una amenaza actual o inminente que justificara el uso de la fuerza letal contra los ocupantes del automóvil.
Los jueces señalaron que las personas que se encontraban dentro del vehículo eran civiles y que la actuación de los procesados generó un riesgo que terminó causando lesiones a la víctima.
Por ello, descartaron los argumentos de la defensa relacionados con un supuesto uso legítimo de la fuerza y ratificaron que la conducta de los policías encuadra en el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.
Reparación integral y disculpas públicas
La Corte también confirmó la reparación económica de 15.000 dólares a favor de la víctima, al considerar que el monto resulta proporcional frente a las afectaciones físicas y psicológicas sufridas tras el hecho.
Asimismo, mantuvo la disposición para que los sentenciados ofrezcan disculpas públicas en un acto que deberá realizarse en la Comandancia de Policía de Quitumbe.
La sentencia de primera instancia también deberá permanecer publicada durante un año en la página web institucional correspondiente.