Seis personas entre ellas cinco militares retirados que ocuparon altos cargos en las Fuerzas Armadas enfrentan desde este miércoles en Ecuador un juicio por presuntos crímenes de lesa humanidad, acusadas de haber participado en violaciones a los derechos humanos ocurridas hace más de cuatro décadas.
Según la Fiscalía General del Estado, los hechos se habrían cometido contra integrantes del desaparecido grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), una organización guerrillera que operó en el país durante los primeros años de la década de 1980.
El Ministerio Público señaló que las presuntas violaciones de derechos humanos se produjeron mediante “la actuación coordinada de estructuras estatales”, en las que participaron mandos militares, servicios de inteligencia, personal médico y agentes operativos. Las víctimas, indicó la Fiscalía, fueron tratadas como “enemigos internos” dentro de un contexto de persecución política y represión estatal.
¿Quiénes son los exmilitares juzgados por la Fiscalía en Ecuador?
Los procesados en este caso son Juan Raúl Viteri Vivanco, excomandante de la Escuela de Inteligencia; Manuel Marcelo Delgado Alvear, exdirector de Inteligencia del Ejército; Nelson Bolívar Enríquez Gómez, exjefe de la Unidad de Contrainteligencia; Fernando Ignacio Ron Villamarín, médico del AEIM; Mario Ricardo Apolo Williams, también excomandante de la Escuela de Inteligencia; y Luis Eduardo Piñeiros Rivera, exministro de Defensa.
A Luis Eduardo Piñeiros Rivera, quien se desempeñó como ministro de Defensa, la Fiscalía le atribuye una responsabilidad de mando a nivel político-militar superior, dentro de la estructura de inteligencia que habría ejecutado detenciones ilegales, retenciones arbitrarias y otros presuntos crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, los demás exmilitares enfrentan cargos por su presunta participación en la dirección operativa de las acciones de inteligencia militar, que incluyeron la custodia clandestina de las víctimas, la prolongación de detenciones ilegales y la desaparición forzada de Luis Vaca, además del control de personas consideradas “objetivos de inteligencia” durante ese periodo.
Dado el tiempo transcurrido desde los hechos, los acusados ya se encuentran en la tercera edad. Sin embargo, el abogado Albán señaló que, aunque su capacidad de cumplir una eventual condena pueda debatirse posteriormente, es fundamental que se les haga el reproche legal correspondiente por sus presuntas acciones.
Se espera que la audiencia de juicio se extienda por varios días, debido al volumen de pruebas testimoniales y periciales que se presentarán para esclarecer los hechos.