El hombre procesado por el presunto femicidio de su expareja y de la madre de esta permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación por el doble crimen ocurrido la madrugada del 19 de julio de 2026 en el sector La Miduvi, en el cantón Durán, provincia del Guayas.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, un juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Anderson David C. M., investigado por el delito de femicidio. Además, dispuso medidas de protección para los familiares de las víctimas y fijó un plazo de 30 días de instrucción fiscal.
Un niño de siete años resultó herido
Según las primeras investigaciones de la Fiscalía, las dos mujeres fueron atacadas con un arma blanca en el exterior de su vivienda, heridas que les provocaron la muerte.
Durante el ataque también resultó herido un niño de siete años, hijo de una de las víctimas, quien sufrió lesiones en la cabeza y el cuello y fue trasladado a una casa de salud en Guayaquil para recibir atención médica.
Intentó escapar tras el crimen
Las diligencias ejecutadas por la Policía Nacional permitieron identificar al presunto responsable pocas horas después del hecho.
De acuerdo con la Fiscalía, cámaras de videovigilancia registraron al sospechoso cuando intentaba abandonar el sector a bordo de un camión. Al notar la presencia policial descendió del vehículo e intentó escapar, pero fue aprehendido a pocas cuadras del lugar.
Las pruebas presentadas por Fiscalía
Durante la audiencia, el fiscal presentó como elementos de convicción las actas de levantamiento de los cadáveres, certificados de defunción, partes policiales, el informe de aprehensión, la pericia practicada al arma blanca presuntamente utilizada, la denuncia presentada por los familiares y las versiones de los agentes que participaron en la captura.
El juez también ratificó las medidas de protección solicitadas por la Fiscalía a favor de los familiares de las víctimas, entre ellas la prohibición de que el procesado se acerque a ellos y la emisión de una boleta de auxilio.
La Fiscalía procesa el caso con base en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de femicidio con penas de entre 22 y 26 años de privación de libertad.