El asesinato de Santiago Ávalos, gerente financiero de una universidad privada de Quito, ocurrido el pasado 11 de junio de 2026, habría sido el resultado de una presunta planificación vinculada a auditorías internas que detectaron posibles irregularidades administrativas, según la investigación de la Fiscalía General del Estado.
La víctima, de 42 años, fue atacada con arma de fuego cuando conducía su vehículo hacia su domicilio tras finalizar su jornada laboral.
En un inicio, el crimen fue investigado como un posible hecho de delincuencia común; sin embargo, las diligencias posteriores llevaron a los investigadores a otra línea de investigación.
Las auditorías financieras habrían motivado el crimen, según la Fiscalía
De acuerdo con el expediente fiscal, el móvil del asesinato estaría relacionado con auditorías impulsadas por Ávalos en su calidad de gerente financiero.
Las investigaciones señalan que esas revisiones habrían detectado presuntas irregularidades en órdenes de compra emitidas desde la Dirección de Operaciones de la institución.
Como parte de la investigación, la Fiscalía procesó a cinco personas, entre ellas el entonces director de Operaciones, Galo O. y varios colaboradores de esa dependencia, quienes son investigados por su presunta participación en la planificación y ejecución del crimen.
Cámaras de seguridad registraron presuntos seguimientos a la víctima
Uno de los principales elementos presentados por la Fiscalía corresponde a los videos del sistema de videovigilancia de la universidad.
Según la investigación, las grabaciones muestran que varios colaboradores de la Dirección de Operaciones realizaron seguimientos al vehículo de Santiago Ávalos durante los días previos al asesinato.
Las imágenes registradas el 8 y el 10 de junio muestran a funcionarios recorriendo el estacionamiento donde permanecía el vehículo del gerente financiero y, presuntamente, tomando fotografías María del Carmen S. V., de 36 años, y Juan Pablo G. O., de 24 años con teléfonos celulares para identificar su ubicación.
La Fiscalía sostiene que estos seguimientos formaban parte de la planificación previa al atentado.
Un adolescente habría sido reclutado para ejecutar el ataque
Las investigaciones también apuntan a que un adolescente de 17 años habría sido contratado para ejecutar el crimen.
Según el expediente, el día del asesinato, a las 15:20, Josselyn Lisbeth V. C., de 28 años solicitó un vehículo por aplicación para trasladarse junto al sicario adolescente de 17 años hasta los exteriores de la universidad.
Se conoce que el menor pertenecería a la banda criminal Los Lobos.
Posteriormente, ambos habrían permanecido en las inmediaciones del campus desde las 16:00 hasta la salida de la víctima.
Las autoridades también investigan la participación del conductor de una motocicleta en la que el adolescente presuntamente siguió al gerente financiero cuando abandonó la institución.
El ataque ocurrió en la avenida Oswaldo Guayasamín
Las cámaras de seguridad analizadas por los investigadores muestran que Santiago Ávalos salió de la universidad alrededor de las 18:18 del 11 de junio.
Pero minutos antes, Ávalos se encontró en el estacionamiento con Galo O. y con un chofer institucional. Las versiones de Fiscalía indican que la víctima le habría reclamado a Galo por un informe atrasado, mientras este último no despegaba su mirada de su celular.
Las cámaras también captan a María del Carmen S. tomando fotos al auto de Ávalos desde su celular.
Minutos después, según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el vehículo fue seguido por una motocicleta.
El ataque ocurrió a la altura del kilómetro 4,4 de la avenida Oswaldo Guayasamín, en el sector Altos del Valle, donde el gerente financiero recibió varios impactos de bala.
El informe médico forense concluyó que la víctima falleció como consecuencia de graves lesiones craneales y cerebrales provocadas por los proyectiles.
Operativos permitieron detener a cinco personas
Con los elementos recopilados durante varias semanas de investigación, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron el 9 de julio tres allanamientos simultáneos en Quito.
Los operativos incluyeron dependencias administrativas de la universidad y el domicilio de uno de los principales investigados.
Durante las diligencias fueron detenidos cinco ciudadanos, quienes posteriormente fueron llevados ante un juez para la audiencia de formulación de cargos.
Procesamiento judicial
En la audiencia realizada la madrugada del 10 de julio de 2026, la Fiscalía formuló cargos por el delito de asesinato y solicitó una instrucción fiscal de 90 días.
La fiscal del caso presentó acusó a Galo O. como el autor mediato del crimen y a María del Carmen S. como coautora del mismo.
La Fiscalía acusó a Josselyn V. también en calidad de coautora, mientras que Juan Carlos G. y Juan Pablo G. fueron señalados como cómplices.
Las defensas solicitaron medidas alternativas alegando problemas de salud de algunos procesados; argumentaron que Galo O. padecía un agresivo cáncer terminal y que María del Carmen S. sufría de insuficiencia renal avanzada, solicitando medidas alternativas.
Sin embargo, el juez Harry Navarrete dispuso prisión preventiva para tres de los investigados, mientras que los otros dos deberán cumplir medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país.