El exjuez de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Cuenca, Bolívar Fabián R., fue condenado a cinco años de prisión tras ser hallado culpable del delito de prevaricato. La decisión fue adoptada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, luego de determinar que emitió una resolución contraria a la ley en beneficio de un hombre sentenciado por violación.
Según la Fiscalía General del Estado, el caso se remonta a octubre de 2022, cuando el entonces magistrado resolvió el cómputo de la pena de Fausto S., quien cumplía dos condenas por violación impuestas en 2016 y 2018. Las sentencias eran de 25 y 16 años de reclusión mayor extraordinaria.
La decisión que favoreció al sentenciado
De acuerdo con la investigación, el exjuez decidió unificar las dos condenas en una sola pena de 25 años. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que la normativa vigente en ese momento establecía que las penas debían acumularse hasta un máximo de 35 años.
Además, la resolución permitió que el sentenciado pudiera acceder al beneficio de prelibertad en marzo de 2024, tras cumplir el 40 % de la condena. La acusación señaló que ese beneficio no podía aplicarse porque uno de los delitos sexuales fue cometido contra una persona menor de edad.
El caso de las víctimas
Durante el juicio también se recordó que una de las víctimas fue agredida sexualmente en 2013 y meses después decidió quitarse la vida. La Fiscalía sostuvo que la resolución emitida por el exjuez perjudicó a las víctimas y vulneró las disposiciones legales que regían el cumplimiento de este tipo de condenas.
Para demostrar los hechos, se presentaron testimonios de familiares de las víctimas, resoluciones judiciales, sentencias condenatorias y documentación relacionada con el proceso administrativo que terminó con la destitución del entonces magistrado.
Sentencia por prevaricato
Tras analizar las pruebas, el tribunal concluyó que Bolívar Fabián R. falló contra una disposición expresa de la ley y lo declaró culpable del delito de prevaricato.
La legislación ecuatoriana contempla penas de entre cinco y siete años de prisión para los funcionarios judiciales que emitan resoluciones contrarias al ordenamiento jurídico. En este caso, la Corte impuso una pena de cinco años de privación de libertad.