Pese al silencio del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), institución que no ha emitido información oficial en sus canales de comunicación, se conoció que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue trasladado la madrugada de este jueves 12 de febrero al Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi.
Alrededor de la 01h30, la Agencia de Prensa Independiente (API), a través de uno de sus fotógrafos, captó la llegada de Álvarez y otros procesados a bordo de un bus blanco. Ese mismo vehículo ha sido utilizado para su movilización en Quito desde el inicio de las audiencias del denominado caso Goleada.
Según el parte policial del traslado, Álvarez fue ingresado a la zona transitoria del centro penitenciario, donde permanecerá mientras se desarrolla la instrucción fiscal.
Fiscalía procesa a once personas por presunta delincuencia organizada
Con base en aproximadamente veinte elementos de convicción, la Fiscalía General del Estado procesa a once personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
En atención al pedido del Ministerio Público, el juez de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva para cinco procesados:
- Aquiles David Álvarez H.
- Xavier Mario Álvarez H.
- Antonio José Álvarez H.
- César Emilio B. I.
- Fernando Patricio P. V.
Para otros seis procesados se dispusieron medidas alternativas, como presentación periódica y prohibición de salida del país:
- Pablo Ricardo P. R.
- Carlos Andrés A. C.
- David Á. K.
- Ricardo Fabio B. P.
- Gastón Aparicio L. C.
En el caso de Pedro Juan H. E., el juez ordenó que se realice un estudio de seguridad de su domicilio para que pueda cumplir arresto domiciliario.
Además, el magistrado dispuso la inmovilización de las cuentas bancarias que los procesados mantengan en el Sistema Financiero Nacional.
Las aprehensiones se ejecutaron la madrugada del martes 10 de febrero, en la provincia del Guayas.
La presunta trama empresarial
De acuerdo con el fiscal de la Unidad de Transparencia a cargo del caso, la investigación apunta a un entramado empresarial que habría sido estructurado para vulnerar la seguridad del Estado y el sistema financiero sin activar alertas en los organismos de control.
El caso se enmarca en actividades relacionadas con la comercialización de combustibles. Según la Fiscalía, Aquiles Á., Antonio Á. y Xavier Á., hermanos vinculados a un mismo esquema societario, habrían diseñado un modelo empresarial destinado a generar ganancias ilícitas mediante la venta de combustible en distintos segmentos del mercado.
La hipótesis fiscal sostiene que, a través de empresas de papel domiciliadas en Panamá, se habría desviado combustible del segmento naviero nacional e internacional. El perjuicio para el Estado estaría relacionado con la reventa de diésel subsidiado a precios de mercado internacional, con un monto estimado cercano a los 100 millones de dólares.
El fiscal detalló que la presunta estructura se habría configurado en cinco eventos investigativos:
- Guías de revisión
- Comercialización de combustible a embarcaciones internacionales
- Pagos a un trabajador de aduana
- Bienes
- Eliminación de archivos
Entre los elementos presentados constan informes periciales de informática forense practicados a tres dispositivos electrónicos entregados por la persona denunciante. En estos equipos se habrían encontrado mensajes que evidenciarían coordinaciones entre algunos de los procesados.
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.
Marco jurídico
El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).