Recibir llamadas por una deuda puede convertirse en una situación angustiante, especialmente cuando las empresas de cobranza empiezan a contactar a familiares, compañeros de trabajo o incluso al empleador. Sin embargo, esa práctica tiene límites establecidos por la legislación ecuatoriana.
En entrevista exclusiva con METRO ECUADOR, César Coronel Garcés, abogado de Defensa Deudores Ecuador, explicó cuáles son los derechos de los deudores y qué acciones pueden tomar cuando consideran que una empresa de cobranza incurre en hostigamiento.
El sobreendeudamiento es una realidad en Ecuador
El especialista explicó que miles de ecuatorianos enfrentan dificultades para cumplir puntualmente con sus obligaciones financieras.
“Los ecuatorianos estamos sobreendeudados y cuando una persona no puede pagar a tiempo una deuda esto se traduce en varias consecuencias. Una de ellas es la merma de su calificación en el buró de crédito”, señaló.
Coronel agregó que, según cifras oficiales de Aval Buró, tres de cada diez personas en Ecuador registran una calificación mala o pésima en el buró de crédito debido al incumplimiento de sus obligaciones.
Sin embargo, enfatizó que una deuda pendiente no implica la pérdida de derechos.
La cobranza tiene reglas claras
El abogado recordó que la gestión de cobro está regulada por el artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, norma que establece límites para proteger a los consumidores.
“La cobranza en el Ecuador está claramente regulada por la ley. El artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor dispone con claridad cuáles son las reglas de juego que se tienen que cumplir”, explicó.
Entre esas reglas se encuentran:
- Solo pueden realizar contactos en días hábiles.
- No se puede llamar fines de semana ni feriados.
- El horario permitido es de 07:00 a 20:00.
- Solo puede efectuarse un contacto por día.
¿Pueden llamar a tu trabajo o informar a tus familiares?
Uno de los aspectos que más dudas genera es si las empresas de cobranza pueden comunicarse con terceros para informar sobre una deuda.
La respuesta, según el especialista, es clara.
“Solo se puede contactar a la persona deudora, codeudor o garante. Poner en conocimiento de terceros una deuda o incumplir cualquiera de estas reglas se traduce en hostigamiento”, afirmó.
Esto significa que no está permitido llamar al lugar de trabajo, a familiares, amigos o cualquier otra persona ajena a la obligación financiera para ejercer presión sobre el deudor.
Las amenazas y humillaciones también están prohibidas
Coronel recordó que durante un proceso de cobranza tampoco pueden utilizarse mecanismos intimidatorios.
“Durante esa llamada, mensaje de texto o correo electrónico, la persona deudora no puede ser difamada, expuesta al ridículo o amenazada”, indicó.
El objetivo de la gestión de cobro debe ser exclusivamente informar sobre la obligación pendiente, sin afectar la dignidad del consumidor.
El hostigamiento puede generar sanciones económicas
Cuando una empresa incumple estas disposiciones, puede enfrentar sanciones previstas en la legislación ecuatoriana.
“El hostigamiento está sancionado por la ley con una multa de aproximadamente 4.800 dólares de los Estados Unidos, que equivale a cerca de diez salarios básicos”, explicó el abogado.
¿Qué hacer si una empresa incumple la ley?
Para el especialista, la mejor herramienta es actuar a tiempo y conservar todas las pruebas posibles.
“No solo es importante conocer la ley, sino también denunciar de forma oportuna y estratégica este tipo de violaciones”, señaló.
Entre las evidencias que recomienda conservar se encuentran:
- Mensajes de texto.
- Correos electrónicos.
- Grabaciones de llamadas.
- Fotografías o videos de visitas domiciliarias.
- Cualquier otra evidencia que permita demostrar el hostigamiento.
Además, recordó que existe un plazo limitado para presentar la denuncia.
“Más o menos 90 días es el tiempo que tengo para denunciar estas actuaciones irregulares, pero tengo que poder probarlas”, explicó.
Denunciar también implica dar seguimiento
El abogado concluyó señalando que presentar una denuncia es solo el primer paso.
“De qué me sirve denunciar si luego no le doy seguimiento. Es importante dar seguimiento a estas denuncias para evitar la impunidad y, sobre todo, que otras personas sufran consecuencias similares al hostigamiento”, afirmó.
Finalmente, Coronel insistió en que tener una deuda no convierte a una persona en un ciudadano de segunda categoría.
“Las deudas se tienen que pagar a tiempo, pero muchas personas hoy no pagan no porque no quieren, sino porque no pueden. Eso no significa que perdamos nuestros derechos. La ley nos protege y esas garantías deben respetarse”, concluyó.