Un tribunal sentenció a Héctor Oswaldo V. Ch. a 26 años de prisión tras declararlo culpable del feminicidio de su madre, un crimen ocurrido en agosto de 2025 en la ciudad de Santo Domingo, informó la Fiscalía General del Estado.
La sentencia fue emitida luego de que el Tribunal analizara las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el juicio oral.
El crimen ocurrió dentro de la vivienda donde ambos residían
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 17 de agosto de 2025 en una urbanización privada de Santo Domingo, donde la víctima convivía con su hijo.
Según la acusación fiscal, el ahora sentenciado golpeó a su madre en la cabeza con una piedra, provocándole heridas que ocasionaron su muerte.
La investigación determinó además que, tras el ataque, el hombre abandonó el cuerpo de la víctima fuera de la vivienda.
Fiscalía presentó pruebas periciales y testimonios
Durante el juicio, la Fiscalía sustentó su acusación con diversos elementos de prueba, entre ellos los testimonios de los agentes que participaron en la aprehensión del procesado.
Asimismo, incorporó el informe de autopsia médico-legal, que concluyó que la víctima falleció a causa de una fractura de cráneo provocada por un trauma craneoencefálico severo.
Las pruebas científicas respaldaron la acusación
Entre las evidencias presentadas también constó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y una pericia biológica, que estableció que las manchas de sangre encontradas en una piedra correspondían a la víctima.
La Fiscalía informó además que el examen toxicológico practicado al sentenciado concluyó que no se encontraba bajo los efectos del alcohol ni de sustancias sujetas a fiscalización al momento del crimen.
Con estos elementos, el Tribunal resolvió declarar la responsabilidad penal de Héctor Oswaldo V. Ch. por el delito de feminicidio y le impuso una pena privativa de libertad de 26 años.
El feminicidio es uno de los delitos más graves contemplados en la legislación ecuatoriana
El delito de feminicidio está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona la muerte violenta de una mujer por razones de género o en contextos de relaciones de poder, violencia o discriminación.
Las autoridades reiteran la importancia de denunciar cualquier hecho de violencia contra las mujeres y de activar oportunamente los mecanismos de protección previstos en la normativa ecuatoriana.