Los colegios particulares y fiscomisionales en Ecuador pueden determinar qué textos escolares utilizarán sus estudiantes, pero no deberían obligar a las familias a adquirirlos exclusivamente en una librería, distribuidor, plataforma o punto de venta específico.
La advertencia consta en un exhorto emitido por la Superintendencia de Competencia Económica (SCE) el 25 de agosto de 2026, previo al inicio del año lectivo Sierra-Amazonía 2026-2027.
La medida resulta especialmente relevante para las familias que se encuentran comprando libros y materiales antes del regreso a clases previsto para el 1 de septiembre de 2026, cuando 1,7 millones de estudiantes volverán a las aulas, según el Ministerio de Educación.
El colegio puede escoger el libro, pero no dónde comprarlo
La SCE establece una diferencia importante: una institución educativa puede seleccionar los textos que necesita para desarrollar sus actividades académicas, pero eso no implica que pueda restringir injustificadamente el lugar donde las familias deben adquirirlos.
Así, el colegio puede determinar qué libro utilizarán los estudiantes, pero no debería convertir la recomendación de un proveedor en una obligación de compra exclusiva.
Esto significa que las familias deberían conservar la posibilidad de buscar alternativas legítimas y comparar precios, promociones y condiciones antes de realizar la compra.
La SCE señala que podría existir una excepción cuando haya una justificación objetiva para establecer determinada condición.
¿Los colegios pueden obligar a comprar paquetes de libros y otros productos?
Otro punto señalado por la Superintendencia está relacionado con las denominadas ventas atadas.
Por ejemplo, la adquisición de un texto escolar no debería estar condicionada injustificadamente a la compra adicional de cuadernos, códigos digitales, licencias o acceso a determinadas plataformas.
Estas modalidades pueden responder a razones pedagógicas, tecnológicas o comerciales legítimas. Sin embargo, según la SCE, el problema surge cuando las condiciones reducen las alternativas disponibles para las familias o afectan la competencia.
¿Qué dice la SCE sobre los precios y descuentos?
Los proveedores tienen que establecer sus precios y condiciones comerciales de manera independiente.
Esto implica que no pueden coordinar con sus competidores los precios de los textos, descuentos, incrementos u otras condiciones relacionadas con la venta.
Las promociones y descuentos sí pueden aplicarse, pero deben responder a criterios objetivos y verificables.
Además, no deberían utilizarse como un mecanismo para establecer exclusividades o impedir que otros proveedores puedan competir.
¿Qué puede hacer un padre de familia si le obligan a comprar en un lugar específico?
Las familias que consideren que una práctica limita injustificadamente sus opciones para adquirir textos escolares pueden poner el caso en conocimiento de la Superintendencia de Competencia Económica.
La institución dispone de sus canales oficiales y de una ventanilla virtual para reportar posibles conductas anticompetitivas.
Cuando existan indicios, la SCE podrá investigar los casos que podrían contravenir la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.
La advertencia llega antes del regreso a clases en Ecuador
El pronunciamiento cobra relevancia a pocos días del comienzo del año lectivo Sierra-Amazonía 2026-2027.
El inicio de clases está programado para el próximo 1 de septiembre de 2026, una época en la que miles de familias deben destinar parte de su presupuesto a la adquisición de textos y otros materiales escolares.
Con el exhorto, la Superintendencia busca evitar prácticas que reduzcan las opciones de compra de los padres de familia y restrinjan la competencia entre los diferentes proveedores.